Liberado de las ataduras del cargo, el hombre fuerte de la gestión económica de los gobiernos del PP desde finales de los 90 y conseller de Hacienda entre junio de 2011 y diciembre de 2012, José Manuel Vela, no se mordió la lengua al ser inquirido por el público sobre si es creíble el anuncio del ministro Montoro de que tras las elecciones autonómicas, en julio, se abordará la revisión del sistema de financiación. «Dependerá del resultado de las elecciones; en función del mapa político habrá más o menos interés en avanzar», contestó. Pero, acto seguido, dejó claro que, sea quien sea el que gobierne, si no acomete la reforma del modelo «entrará en problemas hasta judiciales importantes». «Yo lo denunciaría porque ¡ya está bien!», exclamó el catedrático de Contabilidad y negociador de los modelos de 2002 y 2009, para quien «cada año que pasa sin que se reforme el sistema nos cuesta mucho dinero a los valencianos».
La denuncia se sustentaría en que la ley de financiación (Lofca) establece mecanismos para asegurar la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios fundamentales. Una igualdad que, en el caso valenciano, no se respeta. Previamente, el gerente de la Politécnica, José Antonio Pérez, negociador con el Ejecutivo socialista de Lerma de los primeros traspasos de competencias a principios de los 80, había censurado el «incumplimiento flagrante de la ley» que supone esa falta de igualdad en el acceso a los servicios esenciales. Un incumplimiento «que nadie ha llevado a los tribunales», recalcó. Para Pérez, la Generalitat «es inviable» con el actual modelo de financiación.
Vela dijo esperar que la Comunitat «algún día tenga la financiación que merece», aunque «por su experiencia» dijo ver «harto complicado» lograr «justicia» en este asunto, ya que «ninguna comunidad está dispuesta a perder». Así, advirtió que «si no se pone más dinero encima de la mesa será muy difícil la reforma del modelo».
