Diputados para cobrar pero no para fiscalizar al Consell. Los partidos políticos amarraron en la última reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento de las Corts, ambas en 2006, el que los diputados puedan seguir cobrando el sueldo tras la disolución del Parlamento aunque no formen parte de la Diputación Permanente. Legalmente han dejado de ser diputados, salvo para cobrar como tales. Y hasta tal extremo lleva el Ejecutivo esta situación que ha pasado a vetar directamente el acceso a la documentación solicitada a los parlamentarios que no sean miembros de la Diputación Permanente, el retén de guardia de 23 señorías que vela por los poderes de la institución hasta la constitución de las nuevas Corts a mediados de junio. Lo ha sufrido en sus carnes el diputado de Compromís Fran Ferri: Había reclamado una copia de todos los expedientes emitidos por el Instituto Valenciano de Finanzas sobre las operaciones de financiación o avales en favor de la Asociación de Investigación para las Industrias de la Construcción (Aidico). La Conselleria de Hacienda le respondió poniendo los papeles a su disposición, pero a la hora de concretar la visita, con las Corts ya disueltas, le han dado el portazo.
La única alternativa que le han ofrecido es que otros diputados del mismo grupo que sí formen parte de la Diputación Permanente puedan acudir a las dependencias del IVF para examinar los papeles reclamados. En el caso de Compromís se trataría del titular, Enric Morera, o de la suplente Mònica Oltra. Sin embargo, lógicamente ninguno de estos dos parlamentarios conoce los detalles de la investigación que Ferri está llevando adelante sobre la concesión de préstamos por parte del IVF al Instituto Tecnológico de la Construcción pese a las supuestas irregularidades. El Ejecutivo, así, pone cortapisas a la posibilidad de que los diputados mantengan el acceso a los papeles internos de la Administración en los más de dos meses clave desde la disolución de las Corts, efectiva desde el 31 de marzo pasado, hasta la constitución de la nueva Cámara, el 11 de junio.
El caso de Ferri no es aislado, sino que es el criterio adoptado por el Gobierno valenciano para todas las peticiones de documentación tramitadas por los parlamentarios. Desde el Consell se mostraron contundentes: «Una vez disueltas las Corts, los que no están en la Diputación Permanente solo mantienen la condición de diputados a efectos de Protocolo y de sueldo; en lo demás han dejado de serlo y las peticiones de documentación son iniciativas personales».
El precedente de Albiol
Desde las Corts, no obstante, se dejó claro que, en el caso de las solicitudes tramitadas antes de disolverse el Parlamento y que ya habían sido puestas a disposición de los diputados por parte de las conselleries, los respectivos grupos sí deberían tener acceso. Para ello, deberán presentar un escrito notificando el nuevo diputado que podrá acceder a los papeles. Añaden que hay precedentes: EU pudo aprovechar todas las iniciativas que había presentado Marina Albiol tras la marcha de ésta a la Eurocámara. Esta opción conecta con la oferta que Hacienda le ha hecho a Ferri: Se le darán los papeles a través de otro diputado del grupo. Máxime, teniendo en cuenta que esos expedientes ya se han mostrado a otro diputado, el socialista Francisco Toledo, quien sí es miembro de la Diputación Permanente.
«El control al Gobierno se va de vacaciones», censuró ayer Fran Ferri, quien no ocultó su malestar ante la situación en que se encuentra, percibiendo el sueldo, con despacho, portátil, garaje y teléfono en las Corts y sin que le dejen trabajar. «Ya me han hurtado mi derecho a presentar propuestas; ahora, a controlar al Consell, que nos envía dos meses de vacaciones a los diputados», se lamentó.
