El presidente de la Audiencia de Valencia y ponente del caso Emarsa, Fernando de Rosa, alega que puede juzgar el escándalo de la depuradora de Pinedo porque durante su etapa de conseller del PP no tuvo «participación directa o indirecta» en la gestión de la depuradora de Pinedo o en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), cuyo exgerente es uno de los principales procesados. El magistrado defiende que ya tuvo que decidir sobre una cuestión del caso Emarsa y «no fue puesta en duda su imparcialidad». No menciona en su escrito su pertenencia al PP, partido del que formaron parte de sus distintas direcciones siete de los que se sentarán en el banquillo.
De Rosa ha presentado en la Audiencia Provincial un informe sobre la recusación planteada por la acusación popular, ejercida por el PSPV, en el que intenta explicar por qué puede ser el juez ponente del caso Emarsa. El magistrado se considera imparcial porque «lo único que me guía es mi deber de juzgar», ya que «la imparcialidad no es una característica abstracta de jueces y magistrados, sino que hace referencia a un juez determinado y a un caso que se somete a su decisión».
Por ello, añade, «en el presente procedimiento no fue puesta en duda mi imparcialidad por el ahora recusante, cuando fui ponente de la recusación que se efectuó al juez instructor Vicente Ríos Segarra» por parte del hermano del exalcalde de Manises, Carlos Crespo. Así que, concluye, «si no se dudó de mi imparcialidad en un tema tan importante para la causa como fue la recusación del magistrado-juez instructor, modestamente considero que no se puede poner en duda mi imparcialidad en un momento posterior, cuando las causas alegadas no son sobrevenidas a dictar dicho auto, habiendo identidad de sujeto y procedimiento».
El magistrado explica que fue miembro del gobierno de Francisco Camps, del que era alto cargo el exgerente de la Epsar José Juan Morenilla, pero en el departamento de Justicia «por lo que no tuve participación directa o indirecta en el asunto objeto de la causa u otro relacionado con el mismo, que se produjo en otra administración y en materias totalmente distintas a las que yo me dediqué profesionalmente». Y afirma: «no es cierto que tenga ningún interés en el procedimiento, ni directo ni indirecto, mi único interés en este y en cualquier otro procedimiento que debo conocer en base a mi función jurisdiccional, es a que se garanticen los derechos de las partes, tanto acusación como defensa y que se aplique la ley, por lo que niego rotundamente que tenga un interés distinto al descrito».
Para los socialistas, «las connotaciones políticas de la causa hace que estén objetivamente justificados los recelos o sospechas de que la neutralidad e imparcialidad del magistrado pueda verse afectada». Según la recusación planteada por el PSPV y tras presentar argumentos del Constitucional, el Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «en este ámbito las apariencias son muy importantes, pues lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al resto de los ciudadanos». Para el recusante Ramón Marí, las «sospechas o dudas de imparcialidad» alcanzan «consistencia objetiva y legítima».
Emarsa es un caso que ha afectado de pleno al PP de Valencia, con dos altos cargos implicados y una entidad saqueada en la que el Ayuntamiento de Valencia tenía mayoría. Fernando de Rosa, que siempre ha reconocido que perteneció a la militancia de los populares, habría sido afiliado del PP de Valencia ciudad, al menos, antes de ser juez y en el tiempo que fue alto cargo de Camps, a quien por cierto afilió al partido.
