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Tribunales

Los dos encarcelados por corrupción compartían negocios desde hace 15 años

El secretario de Canet y el trabajador del Consorcio figuran en entidades con idéntico domicilio y que operan en ayuntamientos coincidentes

Los dos encarcelados por corrupción compartían negocios desde hace 15 años

Los dos funcionarios encarcelados sin fianza esta semana por una supuesta trama de corrupción en varios ayuntamientos de la provincia, el secretario de Canet d' En Berenguer, José Antonio Sancho, y el interventor del Consorcio de Museos, Rafael Parra, no sólo comparten ese destino y el hecho de que la titular del Juzgado nº 3 Masamagrell les haya pedido 9 y 3 años de prisión, respectivamente, al abrir juicio oral por presuntos delitos cometidos en el Ayuntamiento de la Pobla de Farnals.

Ambos llevan más de una década vinculados en distintos negocios. Quizá uno de sus nexos más antiguos está en un hecho que hace años fue denunciado a la fiscalía en 2012 por un vecino de Canet, como ya informó Levante-EMV. Y es que el trabajador del consorcio es uno de los «miembros o asociados de honor» integrantes en el gabinete profesional que fue el germen de Asesores Profesionales, al menos, cuando ésta se constituyó en noviembre del año 2000. Se trata de una «entidad profesional» que compartió domicilio con el despacho profesional Sancho en la calle Palau, 13 de Valencia „en un hecho que Sancho minimizó en su día y atribuyó a que era un «centro de negocios»„. Además, ganó en menos de dos meses más de 60.000 ? con la reventa de un solar municipal comprada al consistorio de Canet en abril de 2003, cuando gobernaba el fallecido Enric Altabella (EU).

Asesores Profesionales es, además, una de las sociedades de las investigadas por el juzgado nº 12 de Valencia, cuando hace un año envió a la Guardia Civil a registrar 14 ayuntamientos por un supuesto delito de prevaricación administrativa y malversación de fondos que había sido denunciado por la Fiscalía. Entonces, se llevó facturas y documentos de servicios prestados al consistorio de Canet entre abril de 2007 y febrero de 2011 cuando do gobernaban EU, PSPV y Bloc. En concreto, buscaron documentos de ella, de otra empresa que, según Europa Press, administra este funcionario del Consorcio de Museos y de la Academia Valenciana de Juristas, la firma que también compartió sede con los anteriores en la Calle Palau 13 y que asesora jurídicamente a Canet desde hace más de 25 años, incluso en la época en la que uno de sus integrantes presidía Asesores Profesionales; un hecho que no impidió que esta última firma fuera adjudicataria del solar municipal revendido en menos de 2 meses, por 10 veces más de lo que costó.

No obstante, a juicio del fiscal del caso de La Pobla de Farnals que les pide 9 y 3 años de prisión a cada uno, es todo más simple. Según u escrito, Sancho Sempere «se sirvió de Academia Valenciana de Juristas, de la sociedad Millena III Milenio SL, José Antonio Sancho Abogados SL y de Asesores Profesionales para sus fines lucrativos» y «dichas sociedades, a pesar de las diferentes denominaciones y formas jurídicas todas son gestionadas y dirigidas por el acusado Sancho Sempere creando un entramado con el único propósito de obtener facturación a su favor evitando aparecer como lo que era, el beneficiario directo de toda la contratación económica».

Más allá de esto, Sancho y R.P. han coincidido en varios consistorios, ya sea como adjudicatarios de forma directa o a través de terceros, como en el tribunal de una plaza de técnico de gestión en Canet. El de San Antonio de Benegéber es uno de ellos. Allí, Sancho no sólo logro la segregación, ha ejercido de secretario municipal y ha sido nombrado «Caballero» por el alcalde, Eugenio Cañizares. Su bufete vio renovada en abril de 2014 la contratación de servicios jurídicos otros dos años, pese a que la Plataforma de San Antonio de Benagéber pidió la rescisión «por sus imputaciones y los resultados de algunas actuaciones», según desveló ayer esta entidad. Y allí, según Europa Press, Parra es el administrador de la empresa que se encarga de la liquidación de la mercantil pública.

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