El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia decretó ayer prisión provisional, comunicada y sin fianza para el secretario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, y un funcionario de la administración local muy vinculado económicamente con él que se encuentra en el consorcio de Museos en comisión de servicios, Rafael P.M., según Europa Press. Ambos habían sido detenidos por la mañana dentro de una nueva causa abierta por presuntos delitos de prevaricación, malversación, contratación prohibida a funcionario público y tráfico de influencias.
Los arrestos se produjeron después de que el juzgado hubiera recibido informes de la Guardia Civil. En ellos se incluían todos los datos extraídos de los registros y las intervenciones telefónicas practicadas desde que se abrieron las diligencias en 2013, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, como confirmaron desde el Tribunal Superior de Justicia.
La causa, que está declarada secreta, investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por la elaboración de diferentes informes en algunos consistorios valencianos.
Anteriormente, los dos detenidos ya aparecieron en la denominada trama de la asesorías que en febrero del año pasado dio lugar a registros en 14 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, en siete comarcas distintas. Entonces, los agentes buscaban documentos sobre los servicios prestados por cuatro empresas relacionadas entre sí y también indagaron su relación con varias entidades públicas: La firma Egevasa de la diputación, el Consorcio de Museos, la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva y la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
«Lucrarse con fondos públicos»
Todo había partido de una investigación iniciada por las presuntas irregularidades cometidas en el consistorio de la Pobla de Farnals, en la que el fiscal concluyó que Sancho y la exalcaldesa Natividad García habían «ideado la forma de lucrarse con fondos públicos del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals a través de contratos de asesoramiento o de realización de supuestos informes jurídicos».
A partir de ahí, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Massamagrell dictó un auto de apertura de juicio oral el pasado 13 de febrero contra el garante de la legalidad en Canet, contra la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, Natividad García, y contra el otro funcionario arrestado ayer, según diversas informaciones. En ese documento, la juez pedía a los dos primeros nueve años de prisión por supuesta malversación, prevaricación y cohecho, así como una fianza por responsabilidad civil de 85.000 y 90.000 euros, respectivamente, como informó entonces Levante-EMV. Al tercero le reclamaba una fianza de 3.200 euros, después de que el fiscal hubiera solicitado para él tres años de prisión.
Directamente, el informe previo de la fiscalía apuntaba a que Sancho «gestionaba y dirigía» un «entramado» de sociedades con distintas denominaciones y formas jurídicas «con el único propósito de obtener facturación a su favor evitando aparecer como lo que era, el beneficiario directo de toda la contratación económica». De ese modo, consideraba que había logrado cobrar informes de diverso tipo a ese consistorio, pese a los reparos de un alto funcionario, que llegó a advertir de un abono ilegal y de un pago por un trabajo «absolutamente inútil».
