El envío a prisión del secretario del Ayuntamiento de Canet d' En Berenguer, José Antonio Sancho, dentro de una causa que investiga una supuesta trama de corrupción en consistorios valencianos, ha puesto el foco en el modo en que se han hecho numerosos contratos en los últimos 30 años.
En el caso de Canet d' En Berenguer, la administración municipal lleva «prácticamente desde los años 80» sin sacar a concurso los contratos municipales de asesoría urbanística y de ingeniería, de modo que «las mismas personas los están prestando todo este tiempo, gracias a renovaciones anuales». Así lo ha reconocía a Levante-EMV el alcalde, Leandro Benito, resaltando que la junta de gobierno «ya aprobó el pasado mes de enero cambiar estas prácticas» y optó por empezar a sacar a licitar esos y otros servicios «conforme vayan venciendo este año». «Se hará pidiendo además informes externos sobre las ofertas presentadas para evitar que la elección tenga sólo en cuenta cuál es la más barata, sin valorar los proyectos presentados», decía.
De este modo, se quiere dejar atrás esa «concatenación» de contratos anuales que, como advirtió el nuevo interventor municipal, «pueden llegar a entenderse como otros de importe mayor fraccionados adrede», explicaba Benito.
Hasta que Canet superó los 5.000 habitantes a mediados de la primera década de este siglo, el secretario del ayuntamiento que fue enviado a prisión provisional el pasado jueves hizo también las funciones de interventor municipal, lo que dejaba en sus manos todas las tareas de control de las decisiones políticas, como ocurre en otros consistorios de ese tamaño.
Luego, ese puesto no fue cubierto con regularidad hasta en 2013 cuando llegó el actual interventor de la mano del gobierno local del PP y el tránsfuga del PSOE, si bien fue ocupado en 2014 por otro profesional «con preferencia» y ha sido hace unos meses cuando el primero ha vuelto al consistorio, al irse su antecesor a otro destino mejor pagado.
El alcalde, sin embargo, resaltaba que la intención de «dar más transparencia al ayuntamiento» ha sido un objetivo del PP «desde que llegó al gobierno» y no iniciativa sólo del nuevo interventor, ni consecuencia de las acciones judiciales contra Sancho o del registro practicado en el ayuntamiento el año pasado por la Guardia Civil, dentro de una causa por supuesta prevaricación administrativa donde se buscaban facturas de asesorías económicas y jurídicas. «Desde el primer día buscamos a un interventor externo e implantamos medidas como que, en todos los pagos que superen los 300 ?, se deben pedir tres presupuestos», decía.
De momento, la licitación de la asesoría urbanística se hizo el pasado febrero por un procedimiento negociado sin publicidad y no por un concurso público; algo a lo que el alcalde restaba importancia por ser un contrato de unos 18.000 ?, pese a limitar la concurrencia de empresas. «No es mucho dinero, y hemos pedido presupuesto a 6 empresas y no al mínimo de tres», puntualizaba mientras el consistorio sigue con un secretario accidental de forma indefinida.
