En el paisaje de la presunta trama de cobro de comisiones a contratistas de Imelsa y de la diputación, el exgerente de la empresa pública Marcos Benavent es el personaje más novelesco. Entre otros motivos, por su querencia por la práctica de grabar compulsivamente a sus interlocutores o por su precipitada salida de la diputación y de España tras dimitir. Pero Marcos Benavent no actuaba como un lobo solitario en las supuestas mordidas. La investigación seguida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al mismo nivel que Benavent e incluso por encima de él, en algunos episodios, a Máximo Caturla, vicepresidente segundo de la institución provincial.
Caturla es el número tres en el organigrama político desde que sustituyó en febrero de 2012 a Enrique Crespo, forzado por Alfonso Rus a dimitir tras su imputación en el saqueo de Emarsa. Pero Caturla es, sobre todo, el máximo responsable de las cuentas públicas como diputado de Economía y Hacienda. La financiación de los grandes contratos de la diputación que están bajo sospecha y cuyos expedientes y facturas están siendo revisados en la causa judicial se adjudicaron con Caturla en el área económica.
Desde las concesiones de obras para colocar césped artificial en los campos de fútbol, el plan estrella de Rus que supuso el desembolso de unos 32 millones, al contrato de gestión de un centro de atención a los contribuyentes de aquellos municipios que han cedido la recaudación tributaria a la diputación. El llamado «call center», cuya concesión se resolvió el 20 de mayo de 2013 y que, como avanzó Levante-EMV, acabó provocando el desencuentros entre Marcos Benavent y su exsuegro. No fue el único ni el principal. Fuentes de la diputación indicaron que esa licitación, por 1,84 millones más IVA, supuso la ruptura entre Caturla y el exgerente, que en el pasado habían formado una sociedad en perfecta sintonía, como acredita la investigación.
Encomiendas de gestión
Benavent rechazó de plano a que se adjudicara el contrato a la empresa Servimun, a la que la mesa de contratación, formada por técnicos y presidida por el consejero delegado y diputado de Imelsa, Rafael Pérez, valoró como la mejor de las ofertas que concurrieron con 86,05 puntos, frente a los 74,23 del Grupo Eulen, que quedó en segundo lugar entre las siete ofertas de mercantiles y UTE que concursaron. La empresa adjudicataria logró la mejor nota en la valoración técnica y en la económica, pero no contaba con el favor de Benavent. En ese concurso, Imelsa gestionó la licitación a través de lo que se conoce como una encomienda de gestión, pero fue la propia diputación la que adjudicó. Lo mismo sucedió con los cinco lotes en los que se concedieron un centenar de obras de instalaciones deportivas, entre campos de césped artificial, pádel o piscinas y en las que la diputación aportaba el 50% del coste y el municipio la otra mitad, salvo los de menos de 5.000 habitantes que solamente sufragaban el 40%.
A través de encomiendas, Imelsa gestionaba la elaboración de los pliegos y de adjudicaba el proyecto y la dirección técnica de la obra, pero el coste de la infraestructura „el grueso, que alcanzaba los 430.000 euros„ corría por cuenta de la institución provincial. Los cinco expedientes están siendo destripados por el fiscal, según fuentes próximas a la investigación. La Fiscalía ha acumulado abundante documentación contable y facturas con la trama Imelsa que implicarían a Benavent y Caturla, pero, además, existen conversaciones grabadas que dejan al vicepresidente en «una situación muy delicada».
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que Caturla habría sido contactado por la Fiscalía, que estaría buscando la colaboración del vicepresidente, a cambio del mejor trato posible, y con el fin de esclarecer cuál fue el papel de Rus.
El número tres provincial ya no trabaja, en puridad, en la diputación. Regresó a su empleo privado en la banca el pasado jueves, según informaron ayer fuentes de su entorno. La decisión de Caturla de cerrar una dilatada trayectoria en la política la expresó el vicepresidente por escrito el pasado 15 de abril. Trasladó a Rus su renuncia a cobrar la exclusiva justo el día en que trascendió que Anticorrupción había elevado al juzgado la denuncia de la presunta trama de comisiones. Desde el 23 de abril, solamente percibe dietas de asistencia.
Polémico paso por Ciegsa y «traición» a Rus
La trayectoria política de Máximo Caturla tiene recorrido y por la senda de la polémica. Su paso por Ciegsa, la controvertida y endeudada empresa pública que gestionaba la construcción del mapa escolar, vivió uno de sus episodios rocambolescos cuando el 18 de mayo de 2005 el entonces consejero delegado Caturla denunció que la sede de la empresa había sido asaltada. Un mes antes, una nave de Ciegsa en Alaquàs sufrió un incendió provocado que destruyó documentos. Rus nombró a Caturla vicepresidente segundo en febrero de 2012. En mayo, cometió «alta traición» al presidente provincial „así lo percibió Rus„ cuando en el congreso del PP en Alicante, se desmarcó de la posición de la provincial (una abstención de castigo) y apoyó a Alberto Fabra.
