El PSOE va llevar a la sesión de control al Gobierno en el Congreso del próximo miércoles los casos de corrupción que afectan al PP en la C. Valenciana preguntando al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, por la situación que atraviesan las tres diputaciones provinciales cuyos presidentes han acabado en la cárcel, suspendidos de militancia o dimitiendo. También pedirán cuentas a Montoro por la sanción impuesta por la Unión Europea por la manipulación de las cifras de déficit público de esa comunidad.

Por tercer pleno consecutivo, el primer partido de la oposición ha optado por dirigir a Montoro el grueso de sus preguntas de control, aunque en esta ocasión no le interrogarán específicamente por la amnistía fiscal o las actividades del despacho de consultoría del que fue fundador. En el que será el único pleno del control al Gobierno que celebre el Congreso durante la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo, los socialistas sacarán a colación la situación que atraviesan las diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana, todas gobernadas por el PP.

Tres de tres

En concreto, el secretario provincial del PSOE de Valencia, José Luis Ábalos, preguntará a Montoro si «ha considerado el Gobierno la situación de las Diputaciones Provinciales de la Comunitat Valenciana al impulsar su reforma local». Esta cuestión le dará pie para recordar que el que fue presidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra acabó en la cárcel; el de la de Valencia, Alfonso Rus acaba de ser suspendido de militancia en el PP por unas grabaciones en las que se le oía contar billetes; y que en 2011 José Joaquín Ripoll dejó la presidencia de la de Alicante por su implicación en el caso Brugal.

También pondrá en cuestión la actuación de las autoridades valencianas el diputado Antoni Such, quien forzará a Montoro a pronunciarse sobre la sanción que la Comisión Europa acaba de imponer a España por la manipulación de las cifras de déficit de esta comunidad. En este terreno hay una pugna soterrada entre el Gobierno central y la Generalitat. El primero pretende repercutir al Ejecutivo valenciano la multa de 18,93 millones impuesta a España por la CE, mientras el Consell alega que la sanción es al Reino de España, por lo que quien tiene que responder es Madrid. Como trasfondo, el Consell argumenta que en el pasado se escondieron facturas en los cajones de Sanidad por la infrafinanciación. Además, se recuerda que el Gobierno sí asumió una multa de 30 millones de la UE por las «vacaciones fiscales» del País Vasco.

Además, el titular de Administraciones Públicas tendrá que hacer frente también a una pregunta del PSOE sobre la reforma que ha impulsado el Gobierno para «controlar a las corporaciones locales».