La Plataforma en Defensa de la Educación Pública y los partidos PSPV-PSOE, Compromís, EU, Esquerra Republicana, Els Verds PV y Podem participaron ayer en la manifestación convocada en Valencia bajo el lema «Por el cambio educativo». La marcha arrancó desde la plaza de San Agustín encabezada por una pancarta con el lema «Ni Lomce ni recortes. Más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad» y recorrió varias calles céntricas de la ciudad hasta llegar a la plaza de América, donde se hizo la lectura de un manifiesto.

Según el portavoz del sindicato STEPV, uno de los colectivos integrantes de la Plataforma, Marc Candela, en el texto leído al final de la manifestación se describe el cambio de política que proponen y las medidas que se deberían llevar adelante.

Candela remarcó que las políticas aplicadas en los últimos años han llevado a la enseñanza pública a «una situación precaria» y defendió que, ante las elecciones y la posibilidad de cambio de gobiernos, hay que reclamar un cambio en las políticas educativas.

No obstante, apuntó que si sigue el mismo partido o independientemente de quien esté en el gobierno, hay que reclamar un cambio en estas políticas.

Entre las reivindicaciones de este colectivo figura la creación de una red pública de oferta educativa obligatoria de 0 a 3 años, un nuevo mapa escolar en el que participen las organizaciones educativas o la supresión de las aulas prefabricadas, la recuperación de los derechos laborales de los docentes, «sin más recortes».

También la mejora de los acuerdos de plantillas docentes, una planificación equilibrada de la matriculación de alumnos con necesidades educativas especiales, rescatar la anterior «zonificación escolar», fomentar el plurilingüismo o la implementación de medidas para reducir la tasa de abandono escolar.

La protesta también reivindicó el incremento de las becas de transporte y comedor escolar, la gratuidad de los materiales curriculares en todo el periodo de enseñanza pública, la supresión del concierto a centros que segreguen alumnos y reducir «al mínimo posible» la aplicación de la Lomce hasta su derogación.