El Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat y el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Comunitat reclaman a la Generalitat los 700.000 euros que debe desde 2011 a 615 redactores de los Informes de Conservación del Edificios, que eran obligatorios para la concesión de las ayudas autonómicas a la rehabilitación.
En un comunicado, el decano de los arquitectos de la Comunitat, Rafael Durá, y el presidente del Consejo de Colegios de Aparejadores, Vicente Terol, exigen «el pago de los honorarios conveniados, sin ruido, sin alharacas, pero con determinación».
La Generalitat delegó en los colectivos de profesionales la elaboración de estos informes, aunque el retraso en su liquidación está agravando la situación económica de sus profesionales, calificada de «penuria» en una reciente entrevista de Rafael Durá a este diario.
Ambos mantienen que, tras «múltiples reclamaciones» y «ante el impago de la deuda contraída», no deben «permanecer callados» y manifiestan su «más firme oposición a que se agote la legislatura dejando una herencia de esa magnitud» y que, «además, se concentra especialmente en los más débiles» de sus respectivos colectivos.
Según explican, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda debía abonar su importe a cada técnico redactor, según un convenio suscrito en 2007 con los colegios de arquitectos y aparejadores de toda la Comunitat.
En los últimos años, han recibido «promesas de pago del débito» que la Generalitat contrajo «con un buen número de colegiados que en su día realizaron informes para la conservación del edificio al amparo del convenio mencionado».
Al respecto, subrayan que «un buen número de los colegiados que brindaron su participación entusiasta en la elaboración de aquellos informes eran jóvenes técnicos con los que la crisis económica» sufrida en el sector «se ha ensañado de manera especial». Los presidentes de ambos colegios profesionales apuntan que, en su sector, a la crisis financiera general «se sumaron unas políticas de crecimientos desordenados e insostenibles cuya consecuencia directa se sustancia en un sector virtualmente en quiebra».
«Para la administración autonómica, todos los autónomos en la Comunitat han cobrado las deudas pendientes», pero con arquitectos y aparejadores «la administración ha incumplido su obligación de pago a pesar de las múltiples reclamaciones», subrayan.
