La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha ratificado la sentencia del juzgado de lo Penal 11 de absolver de los delitos de lesiones y desórdenes públicos a 16 activistas de Greenpeace y a un fotoperiodista que accedieron el 15 de febrero de 2011 al recinto de la central nuclear de Cofrentes para protestar contra la energía nuclear.
Los 16 activistas fueron condenados al pago de una multa por daños. En este caso, la sala ha aumentado la indemnización a Iberdrola, que pasa de 19.500 euros a 29.012 euros, según Greenpeace. En la condena definitiva por daños se incluye la totalidad del menoscabo en los bienes „vallas y torre de refrigeración„ provocados por los activistas, que deberán abonar de forma conjunta y solidaria ese importe, correspondiente a 2.232 euros por la sustitución de la valla y por 26.779 euros de la limpieza de la torre, con responsabilidad civil subsidiaria de Greenpeace.
La sala estima parcialmente los recursos interpuestos por el ministerio fiscal y la empresa, aunque rechaza la petición de la Fiscalía de Valencia, que insistía en que se condenara a los 16 activistas.
Para la sala, la sentencia recurrida está «motivada» y razonada «por qué considera que, tras la valoración de prueba esencialmente personal, no concurren todos los requisitos del delito de desórdenes públicos, sin que dicho razonamiento pueda considerarse arbitrario o irracional». De igual modo, sobre las lesiones„cuya revisión solicito el abogado de los vigilantes jurados, uno de los cuales resulto herido por una radial„ indica que ningún testigo reconoció a ninguno de los acusados como autor, y no aprecia que sea arbitraria o irrazonable la sentencia como para justificar su anulación en el punto de valorar los elementos de prueba.
