La estrecha amistad del delegado del Gobierno, Serafín Castellano, con los dos empresarios a los que supuestamente benefició durante su etapa como conseller y con los que compartió contratos, cacerías y regalos acabó ayer con la detención del dirigente popular, junto a Vicente Huerta y José Miguel Pérez Taroncher. Una operación de la Fiscalía Anticorrupción en colaboración con la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dirigidas por el juzgado de instrucción número 1 de Sagunt se saldó ayer con 9 arrestados, 10 imputados y 13 registros en tres conselleries y de la vivienda del Delegado del Gobierno en Benisanó (El Camp del Túria), entre otros. Además de Castellano, Huerta y Taroncher también fue imputado el alcalde de Quartell, Francisco Huguet, hombre de Castellano en el Camp de Morvedre, y su mano derecha en el consistorio, ex teniente de alcalde y presidente del PP de Quartell, Emilio Máñez. Entre los arrestados también se encuentra el dueño de Aprovechamientos Cinegéticos, Andrés Emiliano Castedo, organizador de las cacerías a las que eran asiduos Castellano, Huerta y Taroncher. Además de un técnico cualificado, encargado de certificar la aeronavegabilidad de los aviones de Avialsa, cuyo jefe de administración, también fue imputado.
La operación policial y judicial se inició a las siete de la mañana con el registro del domicilio del delegado del Gobierno en Benissanó, en presencia de Serafín Castellano. El dirigente popular tenía un acto oficial previsto a las diez de la mañana, una visita a las obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente ejecuta en Nules (la Plana Baixa), al que nunca acudió.
Se lo impidieron siete agentes de la UDEF que registraron su domicilio, junto a la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunt, Patricia Todolí, y el fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, junto al secretario judicial. Una inspección que se prolongó durante toda la mañana, incluso después de que las autoridades judiciales abandonaran el domicilio, alrededor de las 13.30 horas, y de que Serafín Castellano fuera trasladado en un coche policial a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Sagunt, diez minutos antes de las 14 horas.
Al mismo tiempo, otros agentes de la UDEF registraban el domicilio del alcalde en funciones de Quartell, Francisco Huguet, y procedían a su detención, así como al propietario de la empresa Avialsa, Vicente Huerta, que fue detenido en su domicilio y traslado a la sede de la mercantil, en el Parque Tecnológico de Paterna, para que presenciara el registro policial. La policía también visitó las sedes de las conselleries de Gobernación (que dirigió Serafín Castellano entre 2007 y 2014), Sanidad (donde estuvo de 2000 a 2003) y Territorio, en busca de diversos contratos autorizados por Castellano a los empresarios presuntamente favorecidos y de varios expedientes urbanísticos relacionados con la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción, primero en Madrid y después en Valencia, investiga desde octubre de 2014 los contratos presuntamente irregulares realizados por Serafín Castellano cuando era conseller. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada por el gerente de esta mercantil, Francisco Alandí, con abundante documentación y en la que citaba informaciones de Levante-EMV que destaparon los gastos (unos 429.000 euros) en jornadas cinegéticas, camuflados en otros conceptos, en las que participaron Castellano, Huerta y Taroncher.
La detención de éste último confirma que las denuncias sobre el supuesto trato de favor, adelantadas por Levante-EMV, no cayeron en saco roto. José Miguel Pérez Taroncher es íntimo amigo de Serafín Castellano y el constructor al que benefició con adjudicaciones a dedo desde que le abrió las puertas de Sanidad en 2002. Desde entonces, el compañero de cacerías de Castellano y Huerta recibió más de 200 contratos a dedo por más de 7 millones de euros, de los que 1,7 llevaban la rúbrica del propio Castellano. De ahí que la UDEF y Anticorrupción investiguen los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales que podrían haber cometido los nueve detenidos.
Castellano, libre pero sin pasaporte
El todopoderoso en otros tiempos dirigente popular, Serafín Castellano, llegó al juzgado de Sagunt poco antes de las 19 horas, esposado, cabizbajo, en mangas de camisa, sin gafas y bajo una lluvia de gritos y abucheos. Apenas estuvo media hora en la sede judicial, un claro indicio de que se negó a declarar. Tras su comparecencia, la jueza Patricia Todolí acordó, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, «la libertad provisional» para Serafín Castellano y los otros 7, además de la «obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional», según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La mayoría del resto de detenidos también se acogieron a su derecho a no declarar. Serafín Castellano abandonó el juzgado sin hacer declaraciones y en un vehículo particular, conducido por Asunción Quinzá. El alcalde en funciones de Quartell, Francisco Huguet, sí que explicó a los periodistas que el juez le había dejado en libertad y sin fianza, aunque sin aclarar si se habían presentado cargos contra él.
Los investigadores describen como «un trabajo de chinos» la investigación realizada en la que han trabajado desde hace meses dos grupos de la Unidad central contra la delincuencia económica y fiscal (UDEF), es decir, entre 15 y 20 funcionarios, según informaba ayer la agencia Europa Press.
