Serafín Castellano ha sido destituido hoy como delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la destitución en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El subdelegado, Juan Carlos Valderrama, le sustituirá en el cargo en funciones.

El PPCV, por su parte, ha suspendido de militancia a Castellano, tras su detención por presuntos favores en adjudicaciones a una empresa para la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010. También se ha suspendido de militancia al alcalde de Quartell, Francisco Huguet, por el mismo asunto.

En un comunicado, el partido asegura que la decisión, acordada por el presidente del Comité regional de Derechos y Garantías, Alfredo Castelló, y la vicesecretaria del mismo, Tania Ortiz, conlleva también la apertura de un expediente informativo a Castellano con nombramiento de instructor.

"Los hechos que se han conocido conculcarían, al menos y sin ánimo de exhaustividad, lo previsto en el artículo 13.1.i) de los actuales Estatutos del partido al actuar en el ejercicio de un cargo público en forma contraría a los principios del Partido", añade.

Recuerda que según el reglamento del PPCV, todo cargo público y orgánico del partido "ha de observar la máxima ejemplaridad, rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización la que pertenecen".

Asimismo, señala que esos cargos "actuarán en el desempeño de sus cargos o funciones de acuerdo con los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia, austeridad y buen gobierno en la gestión de los recursos públicos".

Por ello, añade el PPCV, "las informaciones aparecidas conllevan un deterioro publico muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales".

Esta decisión deberá ser ratificada en la primera reunión ordinaria del Comité de Derechos y Garantías.

El caso más reciente en el que ha ocurrido una situación de "alarma social" fue el de la suspensión cautelar de militancia del expresidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, por las grabaciones del 'caso Imelsa'.