El juzgado de Instrucción número 1 de Sagunt, tras escuchar la declaración como imputado de Serafín Castellano, ha acordado, de acuerdo con la petición fiscal, libertad provisional, obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.
El ya exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha sido detenido esta mañana, según han confirmado fuentes del TSJ. Castellano ha sido destituido por el Gobierno tras su detención en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Avialsa durante su etapa como conseller de Gobernación.
La policía ha registrado desde primera hora de esta mañana la vivienda que Castellano posee en Benissanó. También se han producido registros en la sede de la conselleria de Gobernación, cartera que ocupó el ahora detenido varios años hasta el pasado junio de 2014, en la de Sanidad y en la de Infraestructuras de donde los agentes se han llevado dos expedientes correspondientes a operaciones anteriores a 2007 y relacionados con la comarca del Camp de Morvedre.
La detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunt y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Castellano, ha salido alrededor de las 13.58 horas de este viernes de su vivienda, en un coche policial en cuya parte delantera iban dos personas delante y él con otra detrás. Posteriormente, han salido otros agentes de la vivienda de donde hacia las 13.15 horas habían dejado la casa el fiscal Anticorrupción y la comitiva judicial.
En la operación se ha detenido a ocho personas más, entre ellas el alcalde de Quartell, Paco Huguet, hombre de confianza de Castellano en el Camp de Morvedre y es responsable de relaciones institucionales y dirige la contabilidad de Avialsa, y Vicente Huerta, dueño de la contrata. Todos está prestando declaración uno a uno, por separado, ante la juez del caso. Huguet ha abandonado el juzgado de Sagunt en libertad y sin fianza, pasadas las cinco de la tarde.
Castellano ha llegado esposado al juzgado poco antes de las siete de la tarde en medio de una gran expectación mediática y ha soportado también abucheos y gritos de varias personas que se han agolpado en las inmediaciones.
Ha bajado del coche policial acompañado por tres agentes y ha recorrido los escasos metros que le separaban de la entrada judicial cabizbajo, en mangas de camisa y sin gafas. Media hora después, ha abandonado el juzgado sin hacer declaraciones y en un coche conducido por la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá.
Según el TSJCV, la titular del juzgado le ha tomado declaración como imputado y tras la misma ha acordado las citadas medidas, de acuerdo con la petición fiscal.
La previsión, en este momento, es que la juez tome declaración hoy a siete de los nueve detenidos.
A los otros dos se les tomaría declaración mañana, según el TSJCV, que añade que la operación sigue abierta y se siguen practicando diligencias.
Los regalos del empresario Vicente Huerta
La investigación ha sido desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid por un presunto cohecho, prevaricación, falsedad documental y delito fiscal en la adjudicación de los contratos de la extinción aérea de incendios a Avialsa T35 por parte de Serafín Castellano, desde Gobernación, así como en los presuntos regalos de cacerías por parte del empresario Vicente Huerta al político. Esas diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por el exgerente de la empresa, Francisco Alandi, con abundante documentación y en la que citaba informaciones de Levante-EMV sobre los gastos (al menos 429.000 euros) en jornadas cinegéticas, camuflados en otros conceptos, en las que participaron, entre otros, el entonces conseller, Huerta o el constructor José Miguel Pérez Taroncher, amigo de Castellano y beneficiado por éste en contratos a dedo.
Las actuaciones se trasladaron desde Madrid hasta la delegación valenciana de la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales de Valencia serán los encargados de continuar con las pesquisas sobre el alcance de la conexión existente entre la adjudicación de contratos por valor de 34,1 millones a Avialsa desde 2008 y la docena de cacerías pagadas por Vicente Huerta, con presencia de Castellano la mayoría de las veces.
La empresa Aprovechamientos Cinegéticos S. L., que organizó tanto las monterías como los ojeos de caza menor facturó a la Fundación Medioambiental Huerta por servicios de consultoría e informes inmobiliarios, como contó este diario el 2 de octubre de 2013. En toda la facturación no aparece ni una sola perdiz, ni un pato, ni ciervos. En la denuncia presentada recientemente por el ex directivo llega a tildar de «falsas» todas estas facturas, en la medida en que, apuntaba, «se alteraban conceptos para generar gastos» a fin de lograr beneficios fiscales.
El denunciante señalaba que se cargaron a la fundación «regalos a políticos», como Serafín Castellano y «otros conseguidores» con la intención de «obtener favores para su grupo empresarial». Además de las cacerías, la fundación abonó la factura de 1.861 euros de un rifle Browning semiautomático comprado por la fundación a la armería de Sagunto Peña Armes Esports. El arma se le entregó el 26 de noviembre de 2008. Castellano ha negado que las cacerías y el rifle fueran costeadas por el contratista y ha argumentado, lo mismo que el empresario, que esa firma ha recibido adjudicaciones del servicio aéreo antiincendios «desde tiempos del Icona». «Desde la época de Franco», declaró Huerta a este diario.
Entre las actuaciones bajo sospecha figuran, según la denuncia, «modificaciones contractuales» para adaptarse a la incapacidad de Avialsa para aportar los aviones exigidos en el pliego de condiciones. Durante dos años seguidos, Castellano y el empresario pactaron, en plena campaña de verano, modificar el contrato y alterar, a petición de Huerta, el pliego de condiciones de una adjudicación de 11,7 millones. El conseller aceptó avionetas viejas por nuevas sin ser penalizado y sin que se convocara de nuevo el concurso.
