La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Ministerio de Industria que modifique el procedimiento actual de corte del suministro eléctrico a los usuarios para darles más protección y garantías ante las compañías distribuidoras. Después de recibir una queja presentada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, que en los últimos meses ha registrado un incremento de consultas y reclamaciones relacionadas con el procedimiento de suspensión de suministro eléctrico por manipulación del contador, la Defensora del Pueblo ha remitido al Gobierno una recomendación en la que aconseja cuatro cambios: que permita alegar a los afectados antes de cortarles la luz; que dé unos plazos razonables antes de la suspensión del suministro; que haga preceptiva la intervención de la Administración competente, con un informe previo de los servicios sociales, antes de cortarle la luz a los usuarios; y que se exija a las empresas que ofrezcan a los consumidores la posibilidad de financiar o fraccionar el pago de su deuda antes que suspender el suministro, tanto en el caso del impago como en el caso del fraude.

Según la queja de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, se están cometiendo abusos con un bien tan imprescindible como el suministro de electricidad. «Los usuarios y abonados al suministro eléctrico reciben una notificación por parte de la compañía comercializadora donde se les indica que su contador ha sido manipulado y por lo tanto se les refactura a modo de sanción, tal y como establece el artículo 87. En dicha comunicación, únicamente se le informa al abonado de la cantidad que debe abonar [que suele superar los mil euros, según la Unión de Consumidores], calculada según los criterios legales del precepto. Ante estos hechos, los consumidores se sienten desprotegidos al carecer de un procedimiento para recurrir y poder rebatir la sanción», denuncia. Además, los consumidores denuncian que las compañías «utilizan la amenaza de la interrupción del suministro como fórmula para instar al pago de esas cantidades».

Contadores manipulados

Fuentes de la Unión de Consumidores insisten en que la clave de la desprotección es que se vulnera la presunción de inocencia de los usuarios a los que se detecta una manipulación en el contador. La Defensora del Pueblo asume este criterio y recomienda „de forma no vinculante„ al Ministerio de Industria que revierta esta «indefensión». «Es posible „afirma la Defensora„ que bajo las situaciones de fraude o de impago en los consumidores privados que dan lugar al corte de suministro existan errores por parte de las empresas, como reiteradamente se viene denunciando en esta institución». Y pone como ejemplos que la deuda que exige la empresa corresponda en realidad a otra persona distinta del titular, o que el fraude que la compañía imputa al titular hubiera sido cometido por una tercera persona distinta del titular del contrato.