La Comunitat Valenciana tiene una tasa de pobreza del 34,7 %, tres puntos más que en 2013 y por encima de la media del estado español (29,2%). Cáritas alertaba además ayer, en la presentación de su Memoria Institucional de 2014, del fenómeno de la cronificación en las situaciones de precariedad. Como prueba, el 43% de las personas beneficiarias de sus ayudas lo han sido durante más de tres años. Ignacio Grande, director de Cáritas Diocesana de Valencia, abogaba por alcanzar «un pacto social» entre los diferentes partidos políticos y las organizaciones del tercer sector «para acabar con la desigualdad».

En el mismo sentido se expresaba Fani Raga, secretaria general, quien apostaba por «redistribuir la riqueza» y «priorizar en el gasto» frente a una sociedad en «riesgo de fractura social». Instaba también a reforzar el sistema público, «repensar la función y organización» de la Ley autonómica de Servicios Sociales del 97, «para que dejen de ser gestores y se conviertan en animadores». Otra propuesta era la de ampliar la renta mínima y garantizar «empleo digno», ya que entre un 15 y un 20 por ciento de trabajadores son «pobres».

Uno de los datos que ayer sorprendía era el descenso de personas que acuden a Cáritas respecto al último ejercicio. De 106.681 beneficiarios se ha pasado a 86.649, disminución que se achaca en gran medida al regreso de los inmigrantes a sus países de origen. También al creciente predominio del trabajo «precario» que provoca que se entre y salga con asiduidad de los programas de ayuda. Así, se ha detectado un 14% menos de beneficiarios que el año anterior. Por contra, ha crecido el número de españoles que acude a Cáritas, con un 54%, frente al 46% de extranjeros.

Lo que no ha variado mucho es el perfil del usuario. El 72% son mujeres solas. También se repite el parámetro de parejas jóvenes con hijos, inmigrantes en situación irregular y personas mayores obligadas a acoger a hijos y nietos. En 2014 se lograron 1.366 inserciones laborales en toda la diócesis. Un total de 525 personas asistieron a 28 cursos de formación para el empleo y para la integración de inmigrantes; otras 12.070 se formaron en programas de sensibilización, 136 se alojaron en 17 vivienda sociales; y 212 fueron atendidas en el proyecto Jere-Jere para prostitutas. Los 50 economatos de que dispone Cáritas atendieron a 7.500 familias, mientras que 1.186 personas participaron en los 29 proyectos de promoción para menores y sus progenitores. Del informe de la Fundación Foessa se deduce que las personas en riesgo de exclusión reciben ayudas de la familia (30,4%), entidades sociales (15,9%) y amigos (10%), pero «hay un 37% que no recibe ningún tipo de ayuda», según Raga.