Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron ayer en los ayuntamientos de Valencia, Gandía, Dénia, Elx y Castelló para requerir documentación de los contratos firmados con el empresario Alejandro de Pedro, considerado el «conseguidor» de la «Operación Púnica», que investiga el juez Eloy Velasco.

En el Ayuntamiento de Valencia los agentes se llevaron la documentación relativa a la empresa Madiva Editorial Publicidad SL, con la que el consistorio firmó un contrato de 12.000 euros para insertar publicidad institucional en el periódico digital vinculado al empresario, «Valencia ahora». El contrato se firmó en mayo de 2014 y terminaba en diciembre, pero fue interrumpido por el ayuntamiento tras conocerse la relación de esta empresa con la Operación Púnica. Para entonces sólo se habían abonado, según fuentes oficiales, 1.536 euros más IVA y la idea inicial del consistorio era no abonar el resto hasta que se clarificara la situación, aunque luego la empresa reclamó la parte del contrato que quedaba por liquidar.

En el caso de Gandia los agentes de la Guardia Civil permanecieron desde las 9.30 hasta las 15 horas en el despacho del alcalde, Arturo Torró. La documentación intervenida se refería a facturas y contratos del ayuntamiento con tres empresas relacionadas con Alejandro de Pedro. Se trata de Autoritas Consulting, que facturó unos 75.000 euros con el Gobierno local del PSPV de la pasada legislatura, Eico Management, con pagos por valor de 14.000 euros ya con el Gobierno local del PP, y Madiva Editorial, que se llevó unos 3.500 euros en contratos que el juez Velasco investiga por ser presuntamente fraudulentos.

El alcalde de la ciudad, que se confesó «tranquilo», dijo que había sido «muy bien tratado» por la Guardia Civil y que altos funcionarios del ayuntamiento les trajeron toda la documentación que habían requerido y que metieron en dos cajas de folios.

También se entregaron archivos sonoros de la comisión de investigación en la que el ayuntamiento, a propuesta del PSPV, analizó los contratos con Alejandro de Pedro y su red presuntamente corrupta. Esa comisión quedó inconclusa y los socialistas presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional sobre las actividades de la trama Púnica en esta ciudad. Torró defendió que lo de ayer «no fue un registro», sino una «petición de documentación» del juez Velasco. Y añadió que en este, o cualquier otro caso judicial en el que pueda quedar salpicado, si es imputado dimitirá «antes de una hora».