El exconseller Rafael Blasco adelantó ayer su visita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para comunicar el centro penitenciario que ha elegido para cumplir los seis años y medio de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. El adelanto del trámite, que realizó a última hora de ayer junto a su abogado Javier Boix, le permite evitar a la prensa, en la fecha fijada inicialmente por el TSJCV, el próximo lunes a las 9 de la mañana, para ejecutar la sentencia condenatoria.
No ha transcendido oficialmente el centro penitenciario elegido por el ex conseller, aunque la cárcel de Picassent es la elección lógica por la proximidad a su domicilio y a su familia. El TSJCV ya ha expedido el «mandamiento de ingreso en prisión» que se ha «cursado directamente al centro penitenciario», que deberá informar a la sala de lo Civil y Penal del TSJCV «la fecha de ingreso y el inicio de cumplimiento de condena», según informaron ayer fuentes del tribunal valenciano.
Retraso por ceremonia familiar
La ex secretaria general de la Conselleria de Inmigración Agustina Sanjuán, condenada a seis años de cárcel, también solicitó esta semana al TSJCV el aplazamiento de su ingreso en la cárcel por la celebración de una «ceremonia» familiar, aunque el tribunal ha rechazado su petición porque considera que ha presentado documentación «insuficiente» para el retraso de su ingreso en el centro penitenciario, también previsto para el próximo lunes. Sanjuán aún puede presentar un recurso de súplica en el plazo de tres días para lograr el retraso de la pena impuesta por el Supremo.
Otros dos condenados en la misma causa, el ex jefe de gabinete de Blasco Javier Llopis, condenado a dos años de cárcel, y la pareja sentimental de Marcial López y secretaria de una asesoría investigada en la trama, María Josefa Cervera, que debe cumplir tres años de prisión, también han solicitado al TSJCV la suspensión de la pena de prisión, un extremo sobre el que deberán pronunciarse las partes personadas en la causa. Ambos alegan a su favor haber pagado las multas impuestas por el Supremo: 2.250 euros en el caso de Llopis y 2.160 euros en el caso de Cervera que, además, también ha presentado una petición de indulto.
