A cinco días de que se cumplan 20 años del ascenso al poder del popular Eduardo Zaplana, un socialista, Ximo Puig, volvió a ser investido por las Corts como presidente de la Generalitat. Lo fue a las 18:30 horas, con los 23 votos del PSPV, los 19 de su coaligado en el Consell, Compromís, y 8 de los 13 de Podemos que le prestó el partido de Pablo Iglesias para completar los 50 justos que hacen falta para la elección en primera votación y visualizar así que el suyo es un apoyo «crítico», en función del cumplimiento del «Acord del Botànic». Enfrente, Puig tuvo el rechazo de los 31 diputados del PP y los 13 de Ciudadanos. Todo ello al final de una jornada en la que anunció que convocará a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, universidades y sociedad civil a unos «Pactos de la Generalitat», a modo de los «Pactos de la Moncloa», con el argumento de que «solo todos juntos superaremos una crisis de esta magnitud».

Puig, quien pronunció un discurso de marcado corte social con una batería de medidas destinadas a los más vulnerables, expuso su programa de gobierno basado en el Pacto del Botánico rubricado el 11 de junio por el tripartito y que pivota sobre cinco ejes: «Rescate a las personas; renovación de la democracia y lucha contra la corrupción; las personas; nuevo modelo productivo; y aclarar las cuentas y una financiación justa». Muchas medidas, más de 30, aunque sin prodigarse en la concreción y, la mayoría, sin fecha. Es el caso de RTVV, cuya reapertura anunció. «Lo haremos dialogando y será una TV pública sostenible económicamente, independiente y plural», dijo. Y, en las réplicas, añadió: «La gente me pregunta cuándo voy a abrir Canal 9 y les digo que lo más pronto posible. Si puede ser el 9 d'Octubre, ¡ya!». Entre las medidas sociales, el presidente electo anunció una ley de la Función Social de la Vivienda y la «paralización», mediante el «diálogo» con la banca, de «los casos más graves de desahucios».

Avisó de que encargará a la Sindicatura de Comptes una auditoría «integral» de la Generalitat para saber qué parte de los 37.615 millones de deuda es debido a «despilfarro y corrupción»; luego, «se exigirán las responsabilidades que correspondan». En paralelo, se hará una «auditoría ética» del Consell, la primera en una Administración, para evitar situaciones como los vetos a becas de comedor para niños porque sus padres deban algún recibo municipal. Se auditarán todas las áreas de salud privatizadas y se rescatarán las concesiones al final de las mismas. Y, para impulsar el cambio de modelo productivo, creará una Agencia de la Innovación.