El Consejo de Ministros aprobó ayer solicitar a Moldavia, a petición del ministro de Justicia, Rafael Catalá, la extradición del empresario fugado de Emarsa, José Ignacio Roca Samper, para que sea puesto a disposición de la justicia española, según confirmaron a Levante-EMV fuentes del Ministerio de Justicia. El tiempo corría en contra de estos trámites burocráticos, ya que la policía moldava contactó a través de Interpol con el Cuerpo Nacional de Policía de Madrid el pasado 10 de junio para informarles de la identificación de Roca Samper, que estaría detenido «durante un plazo de treinta días». Un plazo que finalizaba en apenas dos semanas (el próximo 10 de julio).

La extradición del cerebro del saqueo de Emarsa será posible por los pelos. El Reino de España y la República de Moldavia firmaron un convenio de colaboración en asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia el 22 de octubre de 2013. Un acuerdo que prevé la colaboración entre ambos países de los delitos de los que se acusa a José Ignacio Roca Samper: «blanqueo de dinero derivado de las actividades delictivas» y delitos económicos, incluidos los de carácter fiscal» entre otros. Sin embargo, el convenio no ha entrado en vigor hasta el 1 de enero de 2015, según recoge la disposición general del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el acuerdo ratificado entre ambos países.

Desde el Ministerio de Justicia aseguran desconocer cuánto tardará José Ignacio Roca Samper en llegar a España. «Depende del país donde está detenido», explicaron ayer a Levante-EMV.

La petición de extradición partió de la titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Silvia Vivó, para lograr que el «cerebro» del saqueo de Emarsa, detenido el 10 de junio en Chisinau, la capital de Moldavia, comparezca ante la justicia valenciana.

Roca Samper está imputado desde el 1 de marzo de 2011 por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, y contra la hacienda pública. También tiene pendiente otra acusación por blanqueo de capitales, en la que ya fue condenada su mujer por la Audiencia Nacional. Desde el 9 de enero de 2012 estaba en búsqueda, captura y detención con carácter «europeo e internacional» por orden de Instrucción 15.