Ironías de la política, la práctica sistemática de los gobiernos de Zaplana y de Camps de esconder facturas de la sanidad en los cajones la acabará pagando la nueva Administración de Ximo Puig, que accedió a la Generalitat el 28 de junio tras 20 años de ejecutivos populares. Los Estados miembros aprobaron ayer una sanción a España de 18,93 millones por la manipulación por «negligencia grave» de las estadísticas de déficit y deuda en la C. Valenciana mediante la ocultación sistemática de gasto sanitario. La ocultación de facturas se detecta desde 1988, aunque hasta 1995 solo se registraron 178 millones, pero fue a partir de los años 2000 cuando se escondían más de 1.000 millones anuales. La multa se refiere sólo al periodo 2011-2012, ya que la Comisión Europea (responsable de presentar la propuesta) sólo dispone de poderes para investigar las estadísticas de los Estados miembros desde entonces. En 2012 se corrigieron los problemas.

El importe es prácticamente simbólico, muy por debajo del máximo legal, que ascendía a 2.000 millones (el 0,2% del PIB), atendiendo a la colaboración y a que se trata sólo de una región. El Gobierno anunció que recurrirá la multa porque «no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la UE». Es la primera vez que la UE sanciona a un Estado miembro por manipulación del déficit basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia. La sanción llega en plena crisis griega y con Rajoy sacando pecho frente a Tsipras.

«Nuestra investigación ha concluido que la C. Valenciana cometió una negligencia grave al no registrar gastos sanitarios», dijo en mayo la comisaria de Eurostat, Marianne Thyssen, al anunciar que Bruselas pediría una multa para España. En el informe se hacía responsable al interventor general entre 1996 y 2012, Salvador Hernándiz.

Para colmo, el Gobierno, tal como avanzó el ministro Luis de Guindos, quiere endosar al Consell de Puig la multa. Algo a lo que ayer se revolvió el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien a través de Twitter defendió que es España la que se tiene que hacer cargo de la multa y no trasladarla a «las esquilmadas arcas» de la Generalitat. Los ciudadanos, añadió, no pueden pagar «la gestión negligente» del anterior Consell.

Paralelamente, el Ejecutivo de Ximo Puig tiene decidido desafiar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y presentar a final de mes una revisión del Plan Económico Financiero 2015-2016 sin recortes y donde no se cumplirán los objetivos de estabilidad marcados por el Gobierno, esto es, un déficit tope del 0,7 % del PIB (700 millones) este año y del 0,3 % (300) el próximo. Soler enfatizó ayer que el anterior PEF del Consell del PP incluyó 1.500 millones de ingresos ficticios (en fondo de competitividad, impuesto a los bancos y venta patrimonio) pero advirtió que él no lo va a hacer y tramitará un PEF «realista» con «las consecuencias que tenga». La frase contiene un desafío implícito al ministerio: O inyecta a la C. Valenciana los alrededor de 1.000 millones que necesita para financiar los servicios básicos esenciales, como tiene el resto de regiones, o tendrá que decidir si quiere intervenir la Generalitat.