El nuevo gobierno provincial, conformado por PSPV y Compromís, se ha fijado como objetivo prioritario limpiar, adelgazar y poner orden en la empresa pública Imelsa, epicentro del escándalo de la presunta trama del cobro de comisiones. El plan de reestructuración de la empresa incluye despidos, como ayer contó este diario. Se baraja llegar hasta 300 en una mercantil pública cuyo engorde, para generar metros de pesebre, la ha situado cerca de los 800 empleados. La diputación aprobó en un pleno el pasado abril contratar a 300 forestales más para esta campaña, que se encuadrarían en 60 brigadas. El proceso de selección está en marcha, pero el nuevo gobierno ha decidido paralizarlo, según informaron fuentes del Ejecutivo provincial.
La polémica generada en torno a una judicializada Imelsa y la crisis política consiguiente han provocado retrasos, de forma que la incorporación de estos efectivos para la prevención de incendios no sería antes de finales de agosto, según las mismas fuentes. En definitiva, cuando la campaña estará ya prácticamente finalizada. La decisión no es firme al 100%, pero difícilmente tendrá vuelta atrás, según las mismas fuentes.
La contratación de estos brigadistas y ampliación de efectivos suponía una inversión de unos 7 millones de euros, según anunció la propia diputación en su momento. Se da la circunstancia de que esos nuevos contratos supusieron uno de los últimos motivos de enfrentamiento entre Rus y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, quien se enteró de la intención de proceder a esas incorporaciones, anunciadas por Alfonso Rus, al mismo tiempo que el resto de asistentes a un acto en el que participaba también la entonces consellera Isabel Bonig.
