Unos reclusos del centro penitenciario de Picassent han denunciado a través de la asociación de apoyo a personas presas Salhaketa, «la situación de emergencia» que vivieron durante un corte de suministro de agua, por el cual tuvieron que limitar su consumo a 1,5 litros por persona durante 10 horas.

El colectivo de apoyo a presos ya ha mandado un comunicado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en el que reprocha que los funcionarios no hubieran avisado con antelación a los reclusos, ya que según Salhaketa, «se dieron instrucciones de no usar el agua para el consumo o higiene sin previo aviso» en un día en el que se alcanzaron los 35 grados.

Desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) admiten sentirse «sorprendidos» ante la denuncia del colectivo, ya que el corte se debió a una cloración del agua en la Unidad de Preventivos para la eliminación de bacterias y la prevención de enfermedades contagiosas como la legionela.

Según los funcionarios, esta actividad se lleva a cabo una vez al año en el centro penitenciario, y «afecta no sólo a los presos, sino también a todo el personal en prisión», ya que «nadie puede hacer uso del agua». Desde Acaip defienden que la cloración responde a los «intereses de los presos», con tal de evitar la transmisión de enfermedades, y es una actividad usual en piscinas o grandes instalaciones.

La asociación de apoyo a presos asegura, sin embargo, que como consecuencia del corte de agua se dieron casos de deshidratación y que, además, se tuvo constancia de que un preso hizo uso del agua hiperclorada, «con las consecuencias que ello conlleva a la salud», según el colectivo.

Los funcionarios repartieron una botella de 1,5 litros de agua a cada recluso para que pudieran beber y limpiarse como «solución temporal a la cloración», algo que desde el colectivo han calificado como un «trato vejatorio».

La asociación Salhaketa, no contenta con las justificaciones de la prisión valenciana ni con las recomendaciones sanitarias pertinentes, exige responsabilidades a la dirección penal ante situaciones que «atentan contra el derecho a la salud y el trato digno a las personas encarceladas» como las acontecidas en el centro penitenciario de Picassent.