La consellera de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat, Gabriela Bravo, ve "muy difícil" implantar el expediente digital en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana en enero de 2016, tal y como pretende el Gobierno, ante los actuales medios informáticos "obsoletos". Así, no descarta buscar apoyo institucional en el ámbito económico tanto vía administración central como, incluso, instituciones europeas.

Bravo se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro este jueves con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado.

Tanto Bravo como Sánchez-Cortés han calificado el encuentro de "provechoso", pero mientras que la segunda insistía en la importancia de implantar el expediente digital en todas las comunidades --entre ellas la valenciana-- a partir del 1 de enero de 2016, Bravo ha advertido de que ello será "muy difícil" si no se solucionan las "graves dificultades" actuales.

Así, la consellera ha puesto de manifiesto que tanto jueces como fiscales y funcionarios están trabajando en la Comunitat con un sistema informático "obsoleto", con sistemas que "perturban y obstaculizan el trabajo diario e impiden sacar el rendimiento oportuno al esfuerzo".

Por ello, entiende que antes de hablar del expediente digital, "hay que tener una infraestructura en materia informática adecuada para que se pueda asumir ese cambio. Y si ello no lo permite, va a ser muy difícil", ha subrayado.

Al trasladarle Bravo estos problemas a Sánchez-Cortés, esta última se ha comprometido a colaborar en el ámbito institucional y a prestar al Consell la ayuda "necesaria" para diagnosticar el problema. A partir de este paso --ha agregado--, habrá que ver qué cambios se pueden introducir en la autonomía y qué coste y apoyo institucional se puede reclamar en el ámbito económico, tanto vía administración central como, incluso, a través de instituciones europeas.

"Hay que ver qué soluciones podemos aportar para que los instrumentos tecnológicos no sean una rémora, sino que los medios materiales favorezcan a rentabilizar el trabajo en la administración", ha insistido Bravo.

Por su parte, Sánchez-Cortés ha afirmado, tras resaltar la importancia de la implantación del expediente electrónico, que el Ministerio es "consciente" de que hay que "implicar" a todos los actores involucrados en justicia para mejorar los problemas en justicia, como son los operadores jurídicos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Al respecto, ha recordado que cada administración pública "tiene sus competencias en materia de medios", pero lo "bueno" del formato por el que apuesta el Ministerio --ha añadido-- es la "puesta en común de medios": "Muchos desarrollos que se necesitan ya están hechos por otras administraciones. La idea es que las administraciones pongan en común medios y aplicaciones para hacer un avance en estas materias". Ha puesto como ejemplo, en cuanto a medios en común a disposición de comunidades, el sistema Lexnet, que hace posible la comunicación de entrada y salida de notificaciones entre operadores jurídicos y órganos judiciales.