El Consell recién aterrizado no sólo ha heredado una situación financiera límite. A las magnitudes que pesan como una losa sobre el autogobierno (casi 38.000 millones de deuda; el objetivo de déficit del 0,7% ya desbordado para 2015; una infrafinanciación anual de 1.325 millones) se suman las señales de alarma que llegan de Madrid.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió al nuevo Gobierno valenciano con una amenaza de recortar la financiación por la morosidad; no habrá nuevo modelo de reparto hasta, al menos, bien avanzado 2016, y el ministerio impone al Consell que revise el Plan Económico Financiero para recortar otros 1.300 millones este año, tras el rechazo al anterior plan presentado el pasado año por el Consell popular y al que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque no el propio ministro, dio el visto bueno y que rechazó la pasada semana.
En este dramático contexto, el catedrático jubilado de la UV Gregorio Martín pone sobre la mesa un nuevo interrogante: la posibilidad de tener que renunciar a determinadas competencias a no ser que el Gobierno asuma más esfuerzos en los objetivos de déficit y rebaje la exigencia a autonomías como la valenciana. «Es una lástima que este problema se haya tratado de forma partidista sin reconocer la gravedad del mismo. Ante una emergencia no es lo más práctico buscar culpables, cuando lo que se trata es de sobrevivir», valora el profesor, colaborador de Levante-EMV.
El académico invita al lector a analizar el problema financiero autonómico desde tres ópticas: el pasado, con una deuda inasumible por los valencianos; el presente: cómo superar 2015 con este presupuesto, y el futuro: una nueva relación Estado-autonomías.
¿Es posible que los valencianos afronten la deuda en solitario?
La deuda es el gran problema de fondo pero ha dejado de ser el problema inmediato. El Gobierno ha puesto dinero a disposición de las autonomías a bajo interés y ha venido realizando una especie de primera mutualización por la cual el principal prestamista de la deuda valenciana hoy es el Estado (casi el 70% del total). En este momento, el nivel de deuda como valencianos, añadida a la que nos corresponde como parte del Estado, es del orden del 120% del PIB mientras que Grecia se sitúa en el 170%. «Con argumentos parecidos a los que se usan en Atenas, hay que plantearse si esta deuda puede ser afrontada por los valencianos en solitario y en consecuencia hay que pensar en una segunda fase de mutualización solidaria con el resto de España siguiendo un proceso parecido al que se ejecutó en California hace poco años y que esta dando bueno resultados», propone el académico.
El fantasma de los impagos
de nóminas y la intervención
La austeridad se convierte ahora en la principal causa del bloqueo. «La administración central se ha protegido con un objetivo más laxo y las autonomías con peor situación como la valenciana no pueden cumplir las obligaciones que de nuevo firmaron sin más», apunta el profesor. En este contexto, la infrafinanciación sumada a la obligada austeridad pueden abocar a la Generalitat a un escenario de impago de nóminas u otros capítulos básicos. «No es descabellado», alerta Martín. Algunos pagos están garantizados por los fondos del Estado, como los vencimientos bancarios; otros gastos de interés social: conciertos sanitarios, educativos, servicios sociales, convenios con farmacias, etc., así como subvenciones a la dependencia, entes locales y universidades. «Todo esto tiene la liquidez asegurada, pero el resto de gastos depende de la capacidad de la Generalitat», maniatada por la obligación no pasar del 0,7% de déficit.
El objetivo de déficit para el Estado en 2015, fruto de las negociaciones con Europa en el marco del rescate bancario, es del 4,2 %. Pero las más exigidas son las autonomías (0,7%), mientras la Administración central se daba más margen: 2,9%. «Es el problema más urgente que tenemos», hasta el punto de que puede obligar a la Generalitat a «devolver transferencias» ante la imposibilidad de mantener servicios y cumplir el déficit. Eso o que «el Reino de España mienta a la UE al estilo de que ha ido haciendo Grecia».
Ciertamente, el déficit es la gran encrucijada del conseller de Hacienda, Vicent Soler. Ayer mismo, su secretaria autonómica, Clara Ferrando, ponía el foco en Madrid con un tuit: «El esfuerzo pedido a las autonomías con un objetivo del 0,7% es brutal mientras el Estado se reserva el 4,2%». Montoro pide más recortes y el Consell mantiene el órdago de la negativa. «Este tipo de enfrentamientos es suicida si de España hablamos», valora Martín.
¿Es posible la intervención del ministerio aplicando la ley de Estabilidad Presupuestaria para las autonomías incumplidoras? «No lo creo, por meros problemas de plazos», apunta Martín. «Desde hace dos años había argumentos para haberlo hecho y por razones que superan la situación valenciana no se hizo. Posiblemente si el episodio griego se hubiera dado entonces se hubiera llevado a cabo. Con los plazos marcados por la ley, con el problema catalán y con unas generales en pocos meses, creo que la intervención es muy difícil», valora.
Reestructurar la deuda a largo y un reparto solidario del déficit
¿Cómo reconducir la situación para que la Generalitat sea viable? Más que el «parche» de una reforma de la financiación, la solución de fondo pasa por una «reforma constitucional» para repensar el Estado de las autonomías. «El actual sistema, donde el Gobierno central recauda y transfiere a las comunidades autónomas no ha funcionado», sentencia Martín: «O se reparte y se responsabiliza de forma distinta o solo ayudaremos a destrozar más el Reino de España».
Mientras llega esa reforma, solapada además con problemas territoriales como el catalán, el académico desliza dos propuestas para desahogar a las autonomías más perjudicadas, «dos peticiones de solidaridad, vertical y horizontal tanto en materia de deuda como de déficit».
La primera pasa por mutualizar la deuda de las autonomías más infrafinanciadas, Valencia y Cataluña, que suman el 10% del total español, «de forma que todas queden a un nivel razonable, como el 15%», y que el resto sea «reestructurado» a largo plazo. «No una quita, simplemente que el Gobierno figure como titular de esa deuda, como lo considera el Banco Central Europeo„propone Martín„. A partir de entonces todas las comunidades estarían en las mismas condiciones».
Como medida de solidaridad a corto plazo, en lo que se refiere al déficit de 2015 el catedrático de la UV reclama que el Gobierno reduzca su déficit en un 0,4% (pasando del 2,9% al 2,5%) para ampliar el margen del 0,7% a las autonomías. No a todas, sino a las que carecen de margen de maniobra: Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia y Baleares. Dos medidas de «solidaridad», correspondidas desde el Palau con políticas de ahorro, para comenzar a salir del laberinto financiero. Porque «no se puede pedir solidaridad reabriendo RTVV, incrementando gastos sanitarios, manteniendo la policía autonómica o títulos universitarios duplicados», concluye.
