Demasiado bonito para ser real. Después de que la consellera de Sanidad Pública, Carmen Montón, anunciara el pasado jueves que los inmigrantes irregulares podrían acceder a las nuevas tarjetas sanitarias a partir del lunes, la administración rectifica. Las nuevas SIP no se emitirán hoy, como tampoco lo hicieron ayer. Lo harán «a finales de este semana», según fuentes de la conselleria.

Las razones se encuentran en el alto coste administrativo y burocrático que la medida representa, ya que se prevé que unas 30.000 personas en situación irregular puedan incorporarse a la asistencia primaria. Según esas fuentes, el sistema informático ya estaría listo y sólo quedaría informar debidamente al personal de los centros de salud y los hospitales para la emisión de las nuevas tarjetas, la fase más larga del proceso de integración de los nuevos usuarios. La administración prevé mandar los próximos días unos documentos con las instrucciones pertinentes para que los profesionales emitan las nuevas tarjetas según los requisitos.

Para la conselleria, el anuncio del retraso no es un «paso atrás», ya que el jueves afirmaron que la aplicación de la medida sería «progresiva». De hecho, han sido pocos los inmigrantes que se han acercado a los centros con intención de iniciar el trámite para recibir la cobertura sanitaria, ya que como reconoce la Conselleria de Sanidad Pública, los inmigrantes «pueden no poseer los papeles que se requieren para el trámite, ya que estos dependen también de las administraciones».

Algunos de estos documentos son el pasaporte y el certificado de empadronamiento, a los que hay que acceder a través del consulado y el ayuntamiento. Ambos son especialmente importantes, ya que para acceder a la tarjeta, el solicitante deberá ser extranjero mayor de edad y acreditar una residencia en la Comunitat Valenciana de al menos tres meses. El nuevo titular no deberá contar con una cobertura sanitaria ni en España, ni por parte de un seguro sanitario o un tercer país al que se pueda facturar por la atención. Es por ello, que será necesario un certificado del país de origen que demuestre la falta de cobertura del usuario, o bien una declaración responsable que asegure que el extranjero no cuenta con derechos de cobertura en otro país.

«Parecía precipitado»

Las organizaciones de inmigrantes y refugiados esperan, desde el anuncio de la medida, más información para ofrecer a las personas que necesitan asistencia. «Ellos vienen aquí a preguntar, pero lo cierto es que todavía no sabemos nada. Es difícil cambiar todos los protocolos de atención sanitaria de la noche a la mañana, por lo que el lunes parecía algo precipitado», afirma Fani Darás, trabajadora social de Valencia Acoge. Los colectivos esperan que no se haga efectivo el cobro de las facturas que se han emitido hasta ahora, ya que «esa es una medida puede hacerse de inmediato», según Darás.

Sobre la documentación pedida a los inmigrantes, las asociaciones se muestran más preocupadas. «Puede que algunas personas no tengan pasaporte, y conseguirlo supone dinero y viajes hacia su consulado. Esperamos que la administración sea flexible a la hora de emitir las tarjetas, ya que su intención desde el principio es preservar la salud pública», dijo la trabajadora social.