Acortar el sufrimiento de los menores en los divorciosdivorcios de sus padres y reducir el tiempo de espera en la asignación de la tutela pasa a ser un objetivo prioritario de la nueva consellera de Justicia. Gabriela Bravo, que se reunió ayer con la presidenta del TSJ valenciano, Pilar de la Oliva, y con las vocales del Consejo General del Poder Judicial Carmen Llombart y Mar Cabrejas, anunció a la salida de la cita que uno de los problemas que su departamento abordará de manera prioritaria es el que perjudica a los menores. Ahora mismo, señaló Bravo, los informes psicosociales tardan «hasta nueve meses» en los casos ordinarios de separación o divorcios con hijos por medio. El objetivo es que esos informes necesarios para la decisión judicial no tarden más de un mes en emitirse, agregó la consellera, que alertó sobre las «graves deficiencias» de personal que lastra al gabinete psicosocial de Valencia.

Ésta es la principal causa que demora los plazos de estos informes, que son el documento necesario que han de presentar las familias para que un juez establezca la custodia compartida de los hijos ante un divorcio. Sin esa prueba pericial no hay custodia compartida y los jueces actúan de forma expeditiva ante una ruptura matrimonial con hijos: entregan la guarda y custodia a la madre, por regla general, y dejan al padre sin los menores. Cuando al cabo de un año disponga del informe psicosocial, el magistrado ya verá si han de cambiar las medidas provisionales. Porque la prueba psicosocial es la pericia independiente que debe ayudar a resolver la idoneidad o no de un progenitor para optar a la custodia compartida.

«No podemos tolerar que en temas tan sensibles, que afectan a menores y a la situación de las relaciones paterno-filiales o derivadas de las separaciones o divorcios, estén pendientes durante un largo tiempo», afirmó Bravo. Principalmente, porque «un informe que se solicita en el mes de mayo de 2014 no se puede dar traslado seis meses después, ya que la situación de esa familia y del menor habrá cambiado. Y se corre el riesgo de adoptar decisiones sobre un contexto que ya no es real», advirtió.

Según avanzó a la prensa, la próxima semana convocará una reunión con representantes del gabinete psicotécnico para explorar cuáles son sus necesidades y se buscarán fórmulas, a través de la Conselleria de Bienestar Social y «con el apoyo de los ayuntamientos», para que los jueces tengan más apoyo de la conselleria en esta materia.

Por otro lado, la nueva consellera proclamó que va a intentar, «de manera progresiva y en la medida de las posibilidades económicas», intentar recuperar algunos de los quince juzgados que se le asignaron en 2010 a la Comunitat Valenciana pero que el Consell de Francisco Camps no puso en marcha por la crisis. Según Bravo, se pueden «buscar fórmulas» que permitan rentabilizar los recursos, como juzgados bises, de refuerzo o incluso de servicios comunes. No concretó más.

La consellera también adelantó que se va a proceder a una «auditoría interna» para radiografiar el estado de los juzgados valencianos, así como actuar con un «plan de choque» que mejore «las condiciones de trabajo» de estas sedes.