La quiebra de la empresa TP Ferro, el consorcio ferroviario hispanofrancés integrada al 50% por Eiffage y ACS concesionario de la Línea de Alta Velocidad Perpiñán-Figueras, puede afectar negativamente al desarrollo del proyecto del corredor mediterráneo, según aseguró ayer Gregorio Martín, experto en esta infraestructura vital para la Comunitat Valenciana. El concurso forzoso de acreedores de TP Ferro significa la entrada en vigor de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, por la que el Gobierno debe compensar la inversión realizada por estas empresas, que recibieron ingentes ayudas europeas. La deuda del consorcio hispano-francés con los bancos ha sido comprada por fondos «buitre» con los que una posible negociación «es muy complicada», aseguró Martín.
Según el catedrático, el «fracaso» del túnel fronterizo por falta de rentabilidad y tráficos puede ser utilizado por el Ministerio de Fomento para «desacreditar» el conjunto del corredor.
