Ningún proyecto del Plan de Residuos sólidos Urbanos (RSU) que tenga que ver con la combustión de residuos ha prosperado hasta ahora por la presión ciudadana.
Los ecologistas subrayan el elevado coste de estas plantas, que estaría en torno a los 300 millones de euros y con capacidad para quemar hasta 250.000 toneladas anuales de residuos.
Según aseguran, cada kilovatio hora generado en una incineradora emite más CO2 que una central térmica de carbón.
El rechazo ecologista se extiende también a la incineración de combustibles basados en residuos que ya se realiza en algunas plantas de fabricación de cemento. Mientras, la Comisión Europea incluye la incineración como fórmula de «recuperación energética» válida para la gestión final de los residuos y restringe el uso de vertederos.
