El juez instructor de la trama Púnica, Eloy Velasco, levantó ayer el secreto de sumario de las investigaciones realizadas hasta la fecha. En el auto, de apenas ocho páginas, el magistrado afirma que la trama utilizó dinero público para mejorar la imagen de políticos. Sin embargo, de los tres alcaldes de la Comunitat Valenciana que en su día fueron citados a declarar por dicha trama (Arturo Torró, de Gandia; Alfonso Bataller, de Castelló, y Ana Kringe, de Dénia), ninguno de ellos aparece en la larga lista de imputados que aparece en el auto judicial.
En cambio, el auto es prolijo en el papel protagonista del empresario valenciano Alejandro de Pedro. Según el sumario, en la Región de Murcia «se descubrieron los contactos entre los imputados Alejandro de Pedro; José Fidel Saura Guerrero, jefe de gabinete del consejero de Industria; Mariola Fernández, directora general; el gerente Jesús Galindo y Reyes Samper, del instituto de fomento, para adjudicar varios contratos públicos a favor de las empresas de Alejandro de Pedro, eludiendo la normativa en materia de contratación pública». Eloy Velasco deduce todo esto tras el estudio de las intervenciones telefónicas realizadas en el proceso de investigación de la causa, aunque informó de que estas conversaciones telefónicas y las declaraciones que están grabadas no estarán reproducidas hasta el próximo lunes.
Trabajos «encubiertos»
El texto también hace mención al exconsejero Juan Carlos Ruiz, que precisamente dejó el cargo cuando fue imputado por la trama. Sobre las relaciones entre de Pedro y Ruiz, el juez aclara que queda definido «que los contratos públicos adjudicados a las empresas del imputado Alejandro de Pedro, uno tramitado en el Instituto de Turismo y otro tramitado en el Instituto de Fomento de la región de Murcia, amparaban otros trabajos de manera encubierta, como la creación de un diario digital en Molina de Segura y la reputación y trabajos en redes sociales del Juan Carlos Ruiz».
