Cuatro caminos hacia la recuperación de lo público. La Conselleria de Sanidad dispone de varias alternativas para cumplir una de las promesas políticas más repetidas por parte de los grupos de izquierda desde que se implementara el llamado «modelo Alzira» bajo el paraguas del ex conseller de Sanidad, Joaquín Farnós. Este tipo de gestión de hospitales públicos por operadores privados ha sido una de las patas de los programas electorales tanto de PSPV como de Compromís que ahora puede contar sus últimos días, pero no sin antes hacer temblar las arcas de la Comunidad.
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha indicado mediante un informe detallado al que ha tenido acceso Levante-EMV cuatro itinerarios por los que la Generalitat podría rescindir los cinco contratos de concesiones administrativas que mantiene con el Hospital de La Ribera en Alzira, gestionado por la empresa Ribera Salud, también propietaria de las concesiones en los hospitales de Torrevieja y el del Vinalopó en Elx; el contrato del Hospital de Manises, perteneciente a Sanitas, y el del Hospital La Marina en Dénia, gestionado por Ribera Salud y DKV.
Tres de las opciones implican indemnizaciones millonarias de la administración hacia las empresas concesionarias, ya que estas maniobras supondrían el paso, casi garantizado, por los tribunales. Por esa razón, las posibilidades presupuestarias de la Comunitat Valenciana guiarían tanto el calendario del rescate como el tipo de ruta a seguir, ya que el proceso se podría llevar de «manera selectiva y escalonada» por el carácter «independiente» de las cinco concesiones en el ámbito jurídico, según el informe.
La más polémica y «dolorosa» para el sindicato, es la reversión anticipada y unilateral del contrato que implicaría la recuperación inmediata de la gestión con un alto coste jurídico y económico. Las compensaciones económicas incluirían las amortizaciones por el periodo pendiente al vencimiento del contrato de 15 años y el beneficio económico que habría consolidado la empresa si hubiera perdurado su actividad hasta la fecha límite.
Según los cálculos de UGT, si la administración decidiera rescindir el contrato de Ribera Salud en el Hospital de La Ribera en 2016, año en el que se aprobarían los primeros presupuestos autonómicos, la Generalitat debería indemnizar a la empresa con 27,7 millones de euros. En el caso del Hospital de Dénia, la compensación sería de 74,7 millones, y en el de Manises, unos 81,5 millones. Unas cifras astronómicas a causa de que ambos contratos vencerían en el 2024. En el caso de que la Generalitat quisiera llevar a cabo el rescate de las tres concesiones, la cifra ascendería hasta los 184,1 millones de euros de dinero público. En total, el sindicato cifra el techo de indemnizaciones a todas las empresas concesionarias en 259,1 millones de euros, con un 20% de margen de error.
Las otras vías por las que la administración autonómica podría llevar a cabo este rescate sería mediante una rescisión negociada entre las partes, donde el objetivo principal sería aminorar al máximo la cifra de indemnizaciones, a pesar de que las empresas podrían jugar algunas bazas, como la cifra de volumen de negocio, relacionado con el número poblacional que necesitaría de la asistencia sanitaria del centro, a la que el concesionario sumaría su actividad en compañías de seguros u otros colectivos para aducir una privación de una parte de su área de negocio.
La reversión por incumplimiento de contrato es otra de las opciones que contempla UGT, que acabaría con un largo proceso judicial sin demasiadas garantías. Del mismo modo, el informe plantea la expiración del contrato de gestión, la vía más fácil pero la más desaconsejada por el sindicato, ya que «difuminaría el compromiso político hacia la reversión de la gestión privada» por parte de una administración que ha abogado por su vuelta al sector.
