Hay cerca de 185.000 plazas en apartamentos turísticos ilegales a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. Esa es la estimación que maneja la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) a las puertas de una nueva campaña de inspección que se prolongará hasta mediados de septiembre con el objetivo de atajar la creciente oferta de este tipo de alojamientos. Estos cálculos suponen que por cada apartamento registrado conforme a la normativa turística hay otro que no lo está, proporción que empresas especializadas en el sector sitúan incluso por encima.
Ante este panorama y después de que anteriores experiencias de este tipo hayan multiplicado las solicitudes de regularización, la AVT ha puesto en marcha, junto a la Agencia Tributaria y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, una campaña que incluye la sensibilización contra la oferta ilegal y la competencia desleal, así como la visita de inspectores acompañados de la policía autonómica en «municipios emblemáticos del litoral», según el presidente de la AVT, Francesc Colomer. Peñíscola, Oropesa, Benicàssim, Oliva, Gandia, Benidorm, Dénia, Torrevieja o Calpe se encuentran entre las ciudades que se vigilarán.
Los puntos sobre los que se ejercerá un especial control estarán en función de las informaciones recopiladas en portales de internet especializados en este negocio, así como las procedentes de los servicios territoriales de turismo, las asociaciones del sector y las reclamaciones de los usuarios, según añade Colomer.
Además de destapar la economía sumergida que se genera con los apartamentos turísticos, que se estima que ronda entre los 800 y los 1.000 millones de euros en toda España, entre los objetivos de la campaña se encuentra «garantizar la calidad de nuestras instalaciones turísticas, así como la profesionalización de los servicios que se prestan«, insiste el presidente de la agencia valenciana.
«Sancionaremos»
Aunque la voluntad de esta iniciativa es principalmente pedagógica, de tal forma que se contemplan reuniones con los responsables de plataformas digitales que han proliferado en los últimos tiempos para ofrecer apartamentos turísticos, Colomer reconoce que «sancionaremos la irregularidades —con multas que pueden oscilar desde los 600 hasta los 90.000 euros— e informaremos a la Agencia Tributaria, a efectos de las posibles rentas opacas a la Hacienda Pública».
Esta campaña aplicará la Ley 3/1998 de Turismo de la Comunitat Valenciana, que contempla el intrusismo como una infracción de carácter muy grave cuando se ejerce una actividad turística sin haber comunicado su inicio del modo legalmente determinado o sin la habilitación preceptiva para ello. Asimismo, contempla el Decreto 92/2009 regulador de las viviendas turísticas y el Decreto 206/1999 del Gobierno Valenciano, según información de la AVT.
Francesc Colomer ha hecho hincapié en que «la Generalitat estará siempre al lado del sector legal, los hoteleros y el resto de alojamientos que dan la cara, tributan, generan riqueza colectiva, empleo y prestigio». Asimismo, ha asegurado que «nuestro compromiso es velar por la calidad de la oferta del producto turístico de la Comunitat Valenciana, amparando simultáneamente los recursos turísticos y los intereses del sector empresarial, así como los derechos de los turistas que nos visitan».
«La competencia desleal y el intrusismo son fenómenos que debemos combatir de forma conjunta diversas administraciones y en ello estamos y estaremos», asevera Colomer, quien indica que para esta campaña también se solicitará la colaboración del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de la Comunitat Valenciana.
Sensación de impunidad
Varios son los objetivos que la Agencia Valenciana de Turismo persigue con la campaña de inspección de los apartamentos turísticos. Entre ellos se encuentro la de «no generar sensación de impunidad», según apunta a Levante-EMV el presidente de este organismo, Francesc Colomer.
La APV tiene registrados algo más de 38.500 apartamentos turísticos que ofrecen cerca de 186.000 plazas, de las que 106.00 están en la provincia de Alacant, 47.600 en Castelló y 32.000 en Valencia.
