No hay excusas económicas ni «óbice» justificable que valga, en opinión del Síndic de Greuges, para que la Generalitat mantenga el «lamentable estado de algunas instalaciones docentes cuya construcción/adecuación estaba prevista» en el plan Crea Escola y que, atropelladas por la crisis, se han quedado sin reforma o nueva edificación. Tampoco puede aceptar el defensor del pueblo valenciano «ninguna de las explicaciones dadas por la Conselleria de Bienestar Social» sobre las medidas y los retrasos administrativos que «amplía, aún más si cabe, el sufrimiento soportado por las personas dependientes y sus familias, en un momento de dificultades económicas como es el actual». Son dos aldabonazos críticos recogidos en el Informe Anual 2014 de la Sindicatura de Greuges que su titular, José Cholbi, como «defensor de los derechos y las libertades de los valencianos», entregó ayer en las Corts al presidente de la cámara y a los responsables de todos los grupos parlamentarios.
El informe, de 568 páginas, sintetiza la esencia de las 13.029 quejas presentadas el año pasado por los valencianos (excepto 19 investigadas de oficio) y destaca que en el mismo ejercicio se emitieron 2.400 resoluciones, el 79% de las cuales han sido aceptadas por la Administración.
El derecho a la educación engloba un importante capítulo. El Síndic constata que en 2014 se redujeron «drásticamente» las quejas relativas a servicios de comedor, transporte escolar y ayudas a libros de texto. Las denuncias ciudadanas „principalmente de las Ampas„ se focalizaron en el estado de los edificios escolares que no reúnen los requisitos mínimos para una educación de calidad. Según los últimos datos de la Generalitat, la Comunitat Valenciana cuenta con 672 aulas prefabricadas, los llamados «barracones».
«Aun siendo conscientes de la realidad económica que vivimos», defiende el Síndic de Greuges en su informe, la no construcción de los centros incluidos en el plan Crea Escola «no puede ser admitida por esta institución». Con esta política, agrega, el Consell está «abocando a que los alumnos tuvieran que pasar toda la etapa de educación obligatoria básica en instalaciones no aptas para ejercer la docencia». A los barracones se debería recurrir «sólo con carácter residual y, en todo caso, provisional». Y en la realidad no es así, advierte el Síndic de Greuges, con lo que se vulnera el «derecho a una educación de calidad real y efectiva».
Otro capítulo en el que José Cholbi se muestra especialmente duro es en las consecuencias sobre la población dependiente y discapacitada a raíz de las políticas de la Generalitat. El informe anual del Síndic alude a los «efectos perversos que la aplicación del copago está produciendo en el sector de la dependencia». La aplicación ha provocado, según la sindicatura, «que muchas personas con discapacidad estén abandonando los centros y los servicios en los que venían siendo atendidos». Cholbi se rebela contra ello: «Cualquier actuación pública que pueda conllevar el abandono de los mismos y el regreso de la persona con discapacidad a su familia, cuando ésta no pueda prestarle la atención que requiere, supone una vulneración de los derechos que les han sido reconocidos».
En el primer pleno del Consell presidido por Ximo Puig se aprobó derogar el copago sobre discapacitados y dependientes (en el uso de centros de día, talleres ocupaciones y otros), pero no el que afecta a las residencias, a las personas mayores y al ámbito sanitario», que se abordará «en otro momento».
El informe también arremete contra las «importantísimas demoras» de la Conselleria de Bienestar Social en la tramitación de la asignación de prestaciones a personas valoradas como dependientes.
