La investigación judicial camina en dos sentidos, la que lleva el titular del juzgado número 6 de Valencia, tras una denuncia de Imelsa contra Marcos Benavent, y la del juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que está bajo secreto y donde se apunta a la financiación ilegal del PP. Pero la diputación de Valencia ha iniciado unas pesquisas paralelas que ya han concluido que habría por lo menos 300.000 euros defraudados con facturas falsas, según reveló Levante-EMV la pasada semana.
Sobre el ejercicio de 2014 no se detectó, en principio, agujero contable en Imelsa. En 2013, la auditoría interna realizada por los responsables financieros de la institución provincial sí ha detectado un quebranto de al menos 300.000 euros. Una cifra que, según fuentes de la diputación, se correspondería casi en su totalidad con facturas presuntamente falsas cargadas a Imelsa por supuestos contratistas sin prestar servicio alguno. Como contaban algunos de los extrabajadores de la empresa pública, «en Imelsa se robaba hasta en el café», en referencia a que se aplicaban comisiones a muchas de las empresas que trabajaban o directamente las firmas no existían.
Los nuevos directivos de la empresa puestos por el gobierno formado por PSPV, Compromís, València en Comú y EUPV, van a tener mucho trabajo de revisión de toda la etapa de Marcos Benavent al frente de la empresa pública, incluso de antes. Alfonso Rus, cuando ya le había estallado el escándalo que le ha obligado a desaparecer de la esfera pública y política, ya empezó a analizar la facturación de los últimos años. Este periódico reveló gastos en detectives privados o en el alquiler de pisos francos para espiar o directamente para manejar los expedientes delicados de la entidad.
