Levante-EMV publicó el 24 de septiembre de 2012 el informe de legalidad de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) en el que se revelaba que desde 2010 la firma que gestiona las depuradoras de la Comunitat Valenciana había pagado más de 350.000 euros a cinco trabajadores que José Juan Morenilla había contratado ilegalmente. Pese a hacerse público y a contar este periódico que se había ocultado información a la Intervención y a los auditores la práctica continuó en 2013. Por ello, el montante se incrementó a más de 500.000 euros, lo que ahora denuncia la fiscal. Los auditores ya alertaban que la retribuciones eran nulas y la propia Conselleria de Hacienda denunciaba que los puestos no habían sido autorizados. Debido a la crisis la Generalitat y el Gobierno impedían las contrataciones públicas, algo que el procesado en el caso Emarsa no tuvo en cuenta. Y la Epsar tenía personal suficiente. s. p./l. B. valencia
