El síndic de Compromís en las Corts, Fran Ferri, anunció ayer que su grupo parlamentario propondrá la realización de una auditoría sobre la gestión de las empresas mixtas creadas en 2004 por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, y sobre la utilización de dinero público en la promoción de operaciones inmobiliarias ruinosas.

Ferri reveló que el Instituto valenciano de Finanzas acaba de hacer frente al pago de 1,44 millones de euros por un aval de 5,76 millones a favor de la empresa mixta Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas SL, que estaba participada por el Ivvsa y que, según indicó el síndic valencianista, es «la única de las empresas mixtas creadas en 2004 que actualmente continúa existiendo con una mayoría accionarial pública».

Compromís denunció el pasado mes de noviembre que esta empresa „con una mayoría accionarial de EIGE, que entonces estaba presidida por Isabel Bonig„ impedía ser auditada según la Intervención General de la Generalitat. Compromís preguntó en el pleno de las Corts por la situación de la empresa y Bonig admitió que Prodese, una de las empresas privadas que formaba parte, actuaba como secretaría del consejo de administración pese a no contar con la mayoría accionarial. Ferri recriminó que por la «opacidad y falta absoluta de control» del anterior gobierno del PP, el nuevo Consell «tiene que hacer frente a pagos millonarios. La consellera Bonig no actuó hasta que, desde Compromís, denunciamos públicamente la situación de esta empresa», lamentó el síndic de Compromís, que añadió que «creemos que los valencianos se merecen conocer el motivo de su permisividad como consellera ante el saqueo del Ivvsa».

Fran Ferri también avanzó que Compromís propondrá una auditoría a la gestión de la política urbanística de Blasco y Bonig a través de empresas mixtas y censuró que «nuevamente nos encontramos con negocios privados que hemos pagado entre todos y que ahora nos dejan una enorme hipoteca fruto de su nefasta gestión», concluyó.