Unas declaraciones la pasada semana del jefe del Consell, Ximo Puig, reabrieron el debate sobre la arquitectura fiscal valenciana. El Ejecutivo sueña con una Hacienda propia que recaude, como hace el País Vasco. Puig volvió a sacar el tema en la reunión que mantuvo con los tres presidentes provinciales, y los del PP (Castelló y Alicante) salieron en tromba contra una idea que asocian a lo que Artur Mas quiere hacer en Cataluña.

La ironía es que en la C. Valenciana ya existen tres pequeñas y discretas agencias tributarias y, además, impulsadas por el PP. La Diputación de Valencia durante estos últimos años ha desarrollado un potente servicio recaudatorio que presta a los ayuntamientos y al que prácticamtemente todos están adheridos. En 2014 recaudó 290 millones. En los años de la crisis, desde 2008, se ha multiplicado por tres la recaudación, de 102,5 millones a 290, ya que se ha disparado el número de instituciones que, para ahorrar, han delegado el servicio en la corporación provincial. Lo han hecho la mayoría de los ayuntamientos (215 de los 269), sobre todo los más pequeños (el 93% de menos de 1.000 habitantes). Y también comunidades de regantes, consorcios de los planes zonales de residuos, etc.

«A diferencia de con la idea de Puig, el PP nunca ha cuestionado esta agencia. No ha habido polémica y eso significa que el servicio es bueno», asegura el hoy diputado de Hacienda, Toni Gaspar.

Conviene aclarar que los tributos que recauda el Servicio de Gestión Tributaria (SGT) provincial no tienen nada que ver con los estatales (IVA, IRPF, etc.) o los autonómicos, que también recauda la Hacienda española. Se trata de los impuestos y tasas municipales que le delegan los consistorios „IBI, agua, basura, actividades económicas, impuesto de vehículos, etc. Pero el funcionamiento es, a escala, como el de la Agencia Tributaria, ya que la diputación realiza entregas a cuenta a los municipios mes a mes y a final de año se produce una liquidación.