Últimas novedades del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro y, de nuevo, sudores fríos para los concejales y diputados de las haciendas de toda la Comunitat Valenciana. Las entidades locales van a tener que devolver al Estado un montante global de cerca de cien millones de euros, concretamente, unos 96 millones. Un bocado a los presupuestos de cada consistorio en época de máximas estrecheces.
El nuevo susto viene derivado de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2013. Como ocurrió en 2008 y 2009 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, las previsiones recaudatorias del Estado fueron más optimistas que la realidad y el ministerio fue enviando durante ese año a los ayuntamientos más dinero de lo que les correspondía por su participación en los tributos del Estado o el fondo complementario de financiación. Al cierre del ejercicio ha ocurrido justo lo mismo que pasó hace un lustro: un saldo favorable a la administración central.
Las más afectadas por volumen son las diputaciones y las ciudades de más de 75.000 habitantes, que tienen un régimen económico por el cual el Estado les cede una parte de lo que recauda allí en concepto de IRPF, IVA, tabaco, alcohol, combustible. En su caso, deberán reintegrar un total de 28,5 millones. Solo el Ayuntamiento de Valencia pagará 17,2.
La liquidación también ha sido negativa para las tres corporaciones provinciales. Entre impuestos cedidos, fondo complementario de financiación y asistencia sanitaria, las nuevas corporaciones afrontan una liquidación negativa de 36,6 millones. Y la de Valencia, que dirige Jorge Rodríguez, tendrá que reintegrar 20,4 millones.
Finalmente, en cuanto a los ayuntamientos de régimen general de la C. Valenciana, el saldo negativo de la liquidación es de más de 34 millones para todos los ayuntamientos de la C. Valenciana. Los de la provincia de Valencia tendrán que reintegrar 17,7 millones; en el caso de Castelló, 4,2, y en Alicante, los municipios de régimen general recibieron 12 millones más de lo que ha recaudado el Estado.
Esta situación, que el Ministerio de Hacienda hizo pública hace unos días y de la que están teniendo conocimiento las entidades locales en pleno agosto, supone un nuevo trastorno para las arcas municipales. Con todo, conviene apuntar que el Estado no va a exiger a los municipios que desembolsen directamente estas cantidades.
Según explica el responsable de Hacienda de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, está previsto que el ministerio proceda igual que con los saldos deudores negativos de 2008 y 2009. Es decir, el pago se realizará durante diez años. Y no como un desembolso directo, sino que se recortará de las próximas aportaciones que el Estado hará a los ayuntamientos y diputaciones, y lo hará sin coste financiero extra.
Según ha concretado en una circular la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el plazo de devolución es de 120 meses, a contar a partir de enero de 2016. Las propias entidades locales tendrán que presentar una solicitud, aprobarla por el Pleno municipal y enviarla al ministerio antes del 1 de noviembre próximo. Estas facilidades de pago, en todo caso, sólo serán accesibles para los ayuntamientos que hayan presentado en regla sus liquidaciones presupuestarias así como estén dentro del cumplimiento de los objetivos de déficit.
La alternativa a acogerse a este modo de pago es abonar el saldo de forma directa, una decisión poco probable teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarios de todas las administraciones.
El enfado del PP en 2010
Tal vez por las fechas, lo cierto es que este imprevisto para los ayuntamientos y las diputaciones apenas ha provocado ruido. Hace un lustro, cuando los ayuntamientos recibieron el varapalo de tener que debía reintegrar al Gobierno una cantidad similar „106 millones» por la liquidación de 2008, el PP salió en tromba. E incluso llamó a la insumisión. Desde la dirección regional invitaron a los ayuntamientos valencianos a que «no devuelvan ni un solo euro» de aquel dinero. Algo que, lógicamente, no ocurrió.
