La primera modificación presupuestaria de calado del Ejecutivo de Ximo Puig no ha tenido como objetivo un proyecto propio, sino gestionar un herencia marcada por los retrasos en los pagos. A nada menos que 5,4 millones de euros asciende la cifra que el Consell ha tenido que rebuscar en las cuentas públicas para poder hacer frente a una sentencia que condena a Proyecto Cultural de Castelló por los impagos en la construcción del Auditorio y el Palacio de Congresos.
La sentencia es consecuencia de la demanda que presentó en su día la constructora del proyecto ante el retraso de la Generalitat en abonarle los trabajos que quedaron finalizados en abril de 2004. Más de diez años después, una reciente sentencia (junio de 2015) obliga a Proyecto Cultural de Castelló, la empresa pública que impulsó las obras a pagar a la empresa constructora los intereses correspondientes a la demora en el pago. La Generalitat liberó en su día el dinero de la constructora, pero ésta acudió a los tribunales por los perjuicios ocasionados por la demora en los pagos. Según el acuerdo del pleno del Consell del pasado 31 de julio, firmado por la vicepresidenta Mònica Oltra, se transfieren los 5,4 millones de la sección Servicio de la Deuda, unos fondos que se envían a Culturarts, de la que forma parte Proyecto Cultural.
625.000 euros para Transparencia
Por otro lado, en ese mismo pleno se acordó una transferencia de créditos por valor de 625.890 euros a favor de la Conselleria de Transparencia para cubrir los gastos de personal de este departamento de nueva creación. El dinero proviene de dinero presupuestado en puestos vacantes. Fuentes de la conselleria precisaron que no se produce incremento de gasto, ya que se trata de personal funcionario.
