Más de una treintena de ayuntamientos valencianos van a tener que afrontar nuevos recortes en 2015 y 2016. Así se desprende de la última resolución del Ministerio de Hacienda en la Oficina de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, el portal de internet que se ha convertido en el cajón de los desastres para los alcaldes españoles.
Hace unos días, como contó Levante-EMV, el ministerio informaba a través de ese cauce de que los ayuntamientos de la C. Valenciana tendrán que devolver cien millones al Estado, después de que el Gobierno anticipara en 2013 por un error de cálculo más dinero del que correspondía a los municipios por la recaudación tributaria.
En esta ocasión, el departamento que dirige Montoro señala que 36 ayuntamientos de la C. Valenciana «no cumplen» los objetivos de estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto de 2014. Principalmente, se produce un desfase entre ingresos y gastos, provocando saldos no financieros negativos (más gastos que ingresos). Aunque la condición de incumplidor en términos de estabilidad también se debe a otros criterios. Entran en juego complejos conceptos técnicos como la regla de gasto, que obliga a que los pagos no superen los ingresos fijos de cada año, sin contar partidas extraordinarias.
En esta relación, existen municipios como Peñíscola, pora ejemplo, que pese a tener un saldo no financiero positivo en 2014, «no cumple» con las obligaciones de estabilidad, según el ministerio. En este listado se encuentran básicamente municipios pequeños, pero también alguno de gran tamaño, como Vila-real o Gandia, la capital de la Safor que se encuentra en una situación económica muy delicada.
La consecuencia directa del incumplimiento de estabilidad es que los ayuntamientos tienen que presentar al ministerio un nuevo plan económico financiero para este ejercicio y el próximo. Esto es, más recortes o búsqueda de nuevos ingresos vía subida de impuestos.
En el caso de Gandia, por ejemplo, el nuevo consistorio ya tiene realizado su plan, que pasa por una refinanciación de la deuda bancaria y comercial con el respaldo del Gobierno, pero a cambio de dolorosos sacrificios: una subida del 24% del IBI, situar la tasa a los vehículos en el tope legal, reducir considerablemente la partida de subvenciones o renegociar las concesiones de las concesionarias de servicios públicos, entre otras medidas, explica el responsable de Hacienda, Salvador Gregori. Después de que el ministerio tumbase varios planes al anterior gobierno, ahora mismo el plan del nuevo ayuntamiento ya tiene oficiosamente el visto bueno de Madrid.
Además de estos 36 ayuntamientos, existen otros tantos que también van a ser sancionados por no presentar a tiempo la liquidación del presupuesto de 2014. A partir de septiembre, Hacienda les retendrá las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que les corresponda, en aplicación de la ley de Economía Sostenible de 2011. El bloqueo del dinero se mantendrá hasta que los ayuntamientos hagan efectivo el envío. Una serie de exigencias, estas, que Hacienda ha impuesto para atar en corto a la administración local. Todos los ayuntamientos, sin embargo, lleva años cerrando con superávit, a diferencia del Estado y las autonomías.
