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La Agencia Tributaria exime a la CEC del delito fiscal pero no de falsedad

La inspección descarta irregularidades en el pago del IVA o el impuesto de Sociedades de la patronal

La Agencia Tributaria realizó un exhaustivo informe de la facturación de Álvaro García Osorio a la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) por los cursos que presuntamente no habría realizado. Los inspectores concluyeron que la patronal castellonense y la autonómica Cierval no habrían cometido delitos fiscales porque por su naturaleza están exentos del pago del IVA. Eso sí, los investigadores concluyen en el mismo documento que la CEC y Cierval podrían haber cometido un delito de fraude en subvenciones y otro de falsedad en documento público. La Fiscalía Anticorrupción ha asumido las tesis de Hacienda y ha llevado al juzgado estas irregularidades.

Según el informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso Levante-EMV, «el hecho de que la actividad declarada a la CEC no sea real implicaría un gasto no justificado en el Impuesto de Sociedades de la CEC y una cuota no soportada y deducible del IVA». «Este riego fiscal desaparece al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro y estar exenta de dichos impuestos», apuntan.

Pero posteriormente, añaden desde la Agencia Tributaria: «El riesgo que se aprecia se debe a que la CEC, a través de Cierval, ha obtenido subvenciones por una acción formativa en la que se han imputado gastos a nombre de Consultoría AGP-Álvaro García Osorio, por la prestación de unos servicios que según el presente informe no se han realizado». Y recuerda que esta actuación podría estar tipificada en el Código Penal como un posible fraude en subvenciones, «castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que se lleve a cabo su reintegro», prosiguen los inspectores.

En el mismo informe, Hacienda también rinde cuentas del posible fraude del otro presunto testaferro, Rufino Martínez Nieto. La AEAT no se cree la declaración fiscal de esta persona y recuerda que pese a facturar en dos años (2009-2010) a la CEC más de 700.000 euros, «no tiene personal a su cargo ni gastos en el modelo 347», la declaración de operaciones con terceras personas.

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