El cerebro del saqueo de Emarsa, José Ignacio Roca Samper, ha cumplido ya más de dos meses encarcelado en Chisinau, la capital de la República de Moldavia. Aunque el Gobierno central pidió su extradición el pasado 26 de junio, la entrega del empresario aún no se ha producido, según explican fuentes jurídicas a Levante-EMV, porque la justicia moldava quiere juzgarlo por los delitos cometidos en el país moldavo, que provocaron su detención, antes de entregarlo a las autoridades españolas «muy pronto», según fuentes jurídicas. Roca Samper se encuentra imputado en una causa penal por «abuso de autoridad con resultado de consecuencias graves» y «falsificación de documentos oficiales/públicos en beneficio de un grupo criminal», según el código penal de Moldavia, tal como explicaron fuentes de la investigación a Levante-EMV al ser detenido en junio.
La identidad falsa de Roca Samper precisamente se descubrió durante la causa penal iniciada contra él en Moldavia. La investigación permitió comprobar que, en realidad, era un ciudadano español, con nombres y datos muy distintos a los moldavos. El empresario huido se refugiaba bajo la identidad ficticia, «Botnari Georghii Alexandr», por lo que utilizaba documentos de identidad falsos, en los que falseaba su edad: aseguraba haber nacido el 7 de febrero de 1970, cuando realmente nació el 8 de noviembre de 1969. El empresario también tenía el documento nacional de identidad caducado, ya que debería haberlo renovado cuando ya se encontraba huido de la justicia española.
Al detectar estas irregularidades, la policía moldava contactó a través de Interpol con el Cuerpo Nacional de Policía de Madrid el pasado 10 de junio para informarles que Roca Samper estaría detenido «durante un plazo de treinta días».
Antes de que finalizara ese plazo, la policía española confirmó a la moldava «la detención preventiva» y el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, solicitó la extradición del cerebro del saqueo de Emarsa que se encuentra en paradero desconocido desde abril de 2010, un año antes de que se conociera el saqueo de la empresa pública. El 1 de marzo de 2011 fue imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, y contra la hacienda pública, en la investigación del saqueo de la depuradora de Pinedo, dirigida por el juez Vicente Ríos. Desde el 9 de enero de 2012 estaba en búsqueda, captura y detención con carácter «europeo e internacional» por orden del Juzgado de Instrucción 15, lo que permitió hacer sonar las alertas al verse implicado en un caso penal en Moldavia por colaborar con una red criminal local.
