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Control de la legalidad municipal

"Un efecto bueno de la crisis es que ha calmado el urbanismo, una fuente de ilegalidades y corrupción"

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Valencia defiende la reforma de la Ley de Contratos y profundizar en la Ley de Transparencia «que se ha quedado en el plano teórico, no está implantada»

Biosca, Felip y Almonacid, ayer en la sede de Cosital-Valencia. fernando bustamante

El control de la legalidad municipal está en manos de secretarios, interventores y tesoreros municipales. Ningún municipio de los 8.117 que existen en España (cifras de 2014 del Instituto Nacional de Estadística) o de los 542 valencianos debería aprobar un presupuesto, dictar una ordenanza o aprobar un plan urbanístico que no esté avalado por estos funcionarios «de habilitación estatal». Aunque esa es la teoría. La práctica es que aún existen ayuntamientos díscolos que eligen para el puesto de secretario, interventor o tesorero a «personal no habilitado» y, por tanto, maleable a seguir al pie de la letra los designios del político que lo haya nombrado.

Otra arista por pulir en el día a día de estos funcionarios especiales, garantes de la «fe pública» y del «control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación» municipal es que siguen siendo designados por el político de turno. Y esa «libre designación» puede acabar pasando factura a la independencia que se le presupone a un interventor, tesorero o secretario municipal. Porque hay políticos que exigen pleitesía a sus decisiones, como moneda de cambio por haberlos designado garantes de la legalidad municipal. Son los mismos alcaldes o concejales que no saben encajar un informe en contra advirtiendo de una ilegalidad.

La lucha contra el «intrusismo» y la «libre designación» son dos de las cuestiones a las que va a plantar cara el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de Valencia, actualmente presidido por Javier Biosca (interventor), acompañado de un equipo de doce colaboradores, entre los que se encuentra Vanesa Felip (vicepresidenta) y Víctor Almonacid (vocal), ambos secretarios.

«La primera medida contra la corrupción y favor de la transparencia en un ayuntamiento es garantizar el control de la legalidad mediante la existencia de un secretario, interventor o tesorero», defiende Biosca. «Los dos focos de la corrupción son el urbanismo y la contratación. Aunque una de los pocos efectos buenos de la crisis es que ha calmado el urbanismo, una fuente de ilegalidades y corrupción», apunta Almonacid. Así que ahora «la monopoliza la contratación». Una materia en la que abogan por volver a modificar la Ley de Contratos para reducir el umbral de contratos menores (50.000 euros desde la reforma de 2007). «Una cantidad que permite a los ayuntamientos pequeños adjudicar a dedo cualquier contrato inferior a esa cantidad», explica Vanesa Felip.

Otro caballo de batalla de Cosital en el próximo curso político será «profundizar en la transparencia. Se han aprobado leyes estatales y autonómicas u ordenanzas, pero se han quedado en el plano de lo teórico. Aún falta cultura de transparencia, porque no está implantada», sentencia Almonacid. Cosital aún tiene la espinita clavada de las alegaciones que presentaron a la Ley de Transparencia autonómica. «Ni nos contestaron», aseguran. Ni tampoco se tuvieron en cuenta sus sugerencias.

Y otra cuestión nada baladí. «El control y los efectos del control». Por ejemplo «las advertencias en nuestros informes sobre gastos sin crédito. La Sindicatura de Comptes nos pidió que informáramos, pero no se ha instruido ningún expediente por esta falta, que se considera administrativa». Por último, también abogan por crear un «estatuto de defensa del denunciante». Para evitar casos como los que se denuncian en el documental «Corrupción: el organismo nocivo», en los que funcionarios que han denunciado la corrupción han sufrido presiones, despidos y amenazas.

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