El fundido a negro de las emisiones de Canal 9 pasará a la historia el próximo Nou d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, y fecha en la que los socios del Acord del Botànic pactaron ayer in extremis el encendido simbólico para emitir contenido enlatados del archivo audiovisual de RTVV, probablemente dibujos animados o capítulos de la serie «La Alquería Blanca». El acuerdo se alcanzó entrada ya la noche tras un prolongado encuentro en el Palau de la Generalitat entre el presidente Ximo Puig; el responsable de Podemos, Antonio Montiel; la lideresa de Compromís, Mònica Oltra, y el comisionado de RTVV, José Maria Vidal.

Puig y Oltra se emplearon a fondo para vencer las reticencias de Montiel, quien al inicio del encuentro se mostró en desacuerdo con esta especie de reapertura provisional. Pese a los avales que le daba Presidencia (ha sometido el asunto al escrutinio de la Abogacía de la Generalitat), Montiel no veía clara la iniciativa desde el punto de vista legal, al tiempo que, en sintonía con los extrabajadores de Canal 9, pensaba que emitir productos enlatados podría no cubrir las expectativas del pueblo valenciano. Puig y Oltra defendieron durante la reunión la idea, entre otros motivos, por la fuerza simbólica que supone devolver el color al canal de RTVV, así como la oportunidad de utilizar contenidos audiovisuales que ahora duermen el sueño de los justos. Montiel finalmente cedió, si bien condicionó su sí a que las emisiones no incorporen las retransmisiones del canal gva, por donde se emiten los plenos del Consell y de las Corts. Para el responsable de Podemos, estas emisiones podrían interpretarse como una injerencia política. Puig y Oltra estuvieron de acuerdo. El sí de Montiel da vía libre a la hoja de ruta prevista y que pasa por desbloquear de manera urgente los cerrojos legales que dejó echados el PP antes de pasar a la oposición. Tal como adelantó Levante-EMV, Presidencia tiene lista una proposición de ley para anular el decreto-ley del Consell de Fabra por el que se suprimió el servicio público de RTVV. Si los planes no se tuercen, la ley se aprobará el próximo día 9 de septiembre, primer pleno de las Corts. Este paso es necesario para allanar el camino legal para reanudar las emisiones el Nou d'Octubre, un proceso que se llevará a cabo sin trabajadores y que prácticamente se hará gratis. Podemos ha pedido que se incluya una cláusula que garantice que en un año estará lista la nueva ley, una petición que Puig y Oltra comparten. También solicitó que los presupuestos de la Generalitat de 2016 contemplen una partida simbólica para la tele, así como ayudas para el sector audiovisual valenciano que se encuentra sentenciado de muerte desde el cierre.

Con el encendido, el presidente Puig puede cumplir de alguna manera su compromiso electoral de activar RTVV en espera de que una nueva ley aprobada en las Corts y consensuada por todos los sectores permita la puesta en marcha de una nueva televisión autonómica.

En medio de las negociaciones, la presidenta del PP, Isabel Bonig, añadió ayer otro elemento de incertidumbre jurídica al anunciar que su partido irá a los tribunales si se produce una reapertura provisional . El PP entiende la reapertura como un fraude de ley y un fraude moral «contra toda la sociedad y los extrabajadores de la televisión pública con los que se comprometió a abrirla con los 1.600 trabajadores». «Si abren el 9 de octubre el PP no va a permitir que sea una apertura provisional porque eso es un fraude de ley y vamos a actuar legal y jurídicamente», advirtió la presidenta popular, para quien sería «una tomadura de pelo». Desde el PSPV, el diputado José Muñoz advirtió a Bonig que tenga cuidado porque cuando el PP va a los tribunales «se queda dentro».