El ex conseller de Cooperación Rafael Blasco se mudó a la fuerza a la cárcel de Picassent para cumplir seis años y medio de condena por el desvío de fondos públicos destinados a traer agua a comunidades rurales de Nicaragua. De los 1,6 millones de ayuda concedida por Cooperación a la Fundación Cyes —nada que ver con la constructora del mismo nombre—, solamente llegaron a cruzar el charco 47.953 euros. La mayor parte del dinero se dedicó a comprar inmuebles en Valencia.

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, alertó ayer sobre la posibilidad de que pueda haber más estafas en torno al uso de los fondos de ayuda al desarrollo cuando explicó que la Conselleria de Transparencia y Cooperación ha detectado nada menos que 558 expedientes de proyectos que no han sido revisados.

Son subvenciones a ONG concedidas desde el año 2006 y alcanzan los 96 millones de euros. «Nos preocupa la existencia de estos informes sin revisar», explicó Oltra, quien denunció que no es casualidad que hayan escapado al control. «Claramente ha habido una estrategia y cuando no se revisan puede pasar como en el caso Blasco», denunció la vicepresidenta, quien avanzó que todos y cada uno de esos expedientes serán fiscalizados. El espacio inmune al control en la concesión de ayudas ha sido detectado en un informe de Transparencia y Cooperación sobre el estado de la cooperación al desarrollo en la Comunitat Valenciana.

Esa radiografía realizada por el departamento de Manuel Alcaraz revela que la solidaridad no ha sido un valor en alza en la Generalitat. En los últimos seis años, explicó, la partida de la Cooperación pasó de 69 millones de euros a menos de cuatro.

El presupuesto público autonómico destinado a incentivar el progreso económico y social de los países más desfavorecidos ha pasado de representar el 0,44% del total de las cuentas públicas valencianas a solamente el 0,02%. Mientras que la media española, señala ese informe, se sitúa en 3,47 euros aportados por cada ciudadano para esas partidas, la Generalitat solamente destina 60 céntimos por habitante a la ayuda al Tercer Mundo. Entre las resoluciones del pleno de ayer figura también la decisión de estudiar una ampliación del presupuesto de la Generalitat para Cooperación de forma que en 2016 el dinero que se destina a las ONG valencianas alcance la media de las comunidades autónomas.

Además, el Consell pretende aprobar un plan especial para que en un plazo máximo de ocho años se alcance el 0,7% del presupuesto para la ayuda al desarrollo y se cumpla de esta manera el Pacto contra la Pobreza.

874.000 euros de gasto judicial

El citado informe de la conselleria que dirige Manuel Alcaraz revela que todavía están pendientes de pago ayudas por valor de 624.998 euros que fueron concedidas el año pasado. En ese mismo estudio, del que ayer dio cuenta la vicepresidenta Mònica Oltra, se aborda la situación judicial de los ocho procedimientos contencioso-administrativos impulsados por ONG contra la Generalitat gobernada por el PP y por los que el Consell ha tenido que pagar ya 874.000 euros, según el actual Gobierno valenciano.