La gerencia de la empresa provincial Impulso Económico Local S. A. (Imelsa) acaba de culminar la auditoría laboral en la que ha estado embarcada las últimas semanas. Además de localizar a una treintena de personas que cobraban pese a realizar trabajos «desconocidos» y que le va a suponer una cuantiosa indemnización, Imelsa ha catalogado otros 40 empleados que cobran de Imelsa pero que tienen su puesto de trabajo permanente en la diputación.
Según concluye el informe de la gerencia, se encuentra en esta situación todo el área de protocolo de la diputación (5 personas, el responsable y cuatro técnicos), contratado en Imelsa; también 7 personas del departamento de prensa de la diputación; doce personas del Patronato de Turismo (director, coordinador, seis administrativos y cuatro técnicos); una administrativa de deportes, personal de la escuela de capataces, del MuVIM, del festival Sona la Dipu, dos asesores de Presidencia, secretarias de diputados y otros técnicos, administrativo y secretaria.
De nuevo se trata de «falsos asesores», en opinión de la diputación. En una parte importante, estos 40 empleados ocupan puestos de confianza del cargo público, con lo que su contrato debería estar vinculado al tiempo de permanencia del político, por tanto sin derecho a indemnización. No es sí. Y tampoco se trata de funcionarios que hayan estado sometidos a un proceso de contratación pública. «Entraron sin prueba en la empresa pública y ahora tienen un contrato indefinido», apuntan los nuevos gestores, lo que les lleva a concluir que una parte importante son «enchufados».
«Durante el anterior mandato Alfonso Rus quiso presumir de ahorro en personal y adelgazó la plantilla, peor lo hizo a costa de cargarlo a Imelsa, que fue una vía de ´enchufe´», apuntan desde la diputación: «Entraron sin prueba y ahora tiene contrato indefinido».
De momento, el equipo de gobierno de la diputación no ha decidido qué hacer con este personal. Está valorando las necesidades en cada departamento y cómo cubrirlas, tanto en número de empleados como la fórmula laboral que deben asumir.
A fecha de 31 de julio, Imelsa tenía contratadas a 692 personas, 670 de ellas con contrato indefinido y 22 temporales. La empresa pública, surgida con el objeto social del impulso de los municipios, terminó por convertirse en un cajón de sastre. Las brigadas forestales se han convertido en un su labor principal, pero también se han realizado desde ella planes de inversiones.
Es en esta mercantil donde se organizó la presunta trama de cobro de comisiones que precipitó el final de la carrera política del expresidente Alfonso Rus y que tiene imputado al exgerente Marcos Benavent. Los nuevos gestores de la corporación estudian qué hacer con la empresa.
La ´dipu´ quiere reducir al máximo las indemnizaciones
La diputación calcula en un millón de euros el coste de indemnizar por despido a los 30 empleados de Imelsa que no realizan ningún trabajo, tal como contó ayer este diario. Sin embargo, la empresa pública trabaja en las vías jurídicas para reducir al máximo las indemnizaciones. Y lo hace con dos argumentos: primero, algunos no iban a trabajar, algo que la empresa puede demostrar; y, segundo, hacías tareas en la corporación y no en la empresa pública.
