En la empresa pública provincial Imelsa el dinero no solamente se ha escurrido por el sumidero de la presunta corrupción, que hoy está siendo investigada y conforma una de las siete piezas del caso Rus. El despilfarro de recursos públicos ha discurrido también por territorio legal. El alquiler del edificio que alberga la sede principal de esta mercantil, situado en la calle Conde Trénor, cuesta 16.335 euros cada mes a la diputación. Por un segundo local, que acoge el call center de atención tributaria, se pagan 4.800. El nuevo equipo gestor de Imelsa ha tomado ya la decisión de cortar esta vía de agua y trasladarse a dependencias de algún edificio público para ahorrar unos 254.000 euros anuales. De hecho, los nuevos responsables de la empresa que dirige José Ramón Tíller ya han remitido una carta al propietario para comunicarle que no tienen intención de renovar el contrato de alquiler, que vence el próximo 31 de diciembre.
El edificio que acogerá la futura sede, que quieren que albergue las oficinas centrales y los servicios de atención telefónica, no está todavía decidido, pero ha de tener unos 1.000 metros de superficie y de entrada se apuesta por dependencias públicas. Se barajó, con todo, la posibilidad de trasladarse a un local privado. En concreto, se pidió precio y llegaron a supervisar la opción del complejo de oficinas del Edificio Europa, en la Avenida de Aragón. De hecho, el alquiler, que incluía los gastos de seguridad y climatización, salía prácticamente por la mitad de lo que se paga en Conde Trénor, donde la custodia del edificio y el gasto energético van aparte.
El problema de mudarse al Edificio Europa radicaba en que el traslado y la adaptación de la oficina a las exigencias de Imelsa requería de un gasto superior a los 150.000 euros, que se ha entendido desmesurado para un edificio que no se tiene en propiedad.
Los responsables de la empresa pública han remitido un escrito a diversas conselleries en busca de un local que pudiera ser aprovechable. Entre las posibilidades que también se barajaron y se ha descartado estaba la del antiguo psiquiátrico de la Calle Jesús, pero las obras de rehabilitación no estarán terminadas hasta dentro de un par de años.
El expresidente de la diputación Alfonso Rus anunció en 2010 que Imelsa compraría una sede para evitar la sangría económica que el coste del alquiler ocasionaba a la empresa pública. No se ofrecieron cifras exactas, pero Alfonso Rus llegó a hablar de que se estaban pagando unos 15.000 euros al mes. No precisó tampoco si el precio incluía el IVA. finalmente se aparcó la idea del traslado y se informó de que se había logrado una rebaja sustancial en el precio del alquiler. Un hipotético abaratamiento que, según ha podido comprobar este diario, no ha sido tal.
En aquel momento, hace cinco años, Rus y la entonces diputada de Patrimonio, Carlota Navarro, llegaron a visitar un local cuya posible adquisición se negoció con el propietario. Se trata de la antigua sede de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI·F) en la calle Doctor Beltrán Bigorra de Valencia, una travesía de Guillem de Castro, al lado del Centro Cultural la Beneficencia. La inmobiliaria que tenía a la venta el local, de un millar de metros, pedía dos millones de euros, pero el sindicato estaba dispuesto a negociar o incluso a alquilar. Este diario publicó esas gestiones y la operación comercial no llegó a consumarse.
