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Trama

Imelsa negocia con UGT y CC OO modificar el convenio para salvar la empresa

El marco laboral aprobado por Rus días antes de las elecciones blinda a los trabajadores «zombis» al darles consideración de comité de empresa

Imelsa negocia con UGT y CC OO modificar el convenio para salvar la empresa

El fantasma de la «inviabilidad» de la empresa pública de la Diputación de Valencia, Imelsa, está sobre la mesa. Y cada día que pasa, cada nuevo papel que conocen los nuevos gestores de la firma, más corpóreo se hace ese fantasma. Unos de los frentes que la dirección de la empresa está atacando es el de la sobredimensionada y, en parte, irregularmente contratada plantilla.

Imelsa tiene casi 700 empleados, de los que unos 550 se dedican a su objeto principal, las brigadas forestales. La diputación tiene entre ceja y ceja a una treintena de trabajadores „los llamados «zombis»„ que cobran de Imelsa pese a no trabajar. Sin embargo, con el actual convenio colectivo, aprobado por el anterior equipo de gobierno días antes de las elecciones, su despido es hoy por hoy inviable. Están «blindados».

Para sortear el obstáculo, Imelsa está trabajando en la mayor: modificar el convenio colectivo con la intención de «salvar la empresa», aseguran sin reservas en la diputación. La pasada semana, el gerente José Ramón Tíller, la vicegerente, Agustina Brines, y el responsable jurídico, José Luis Vera, se reunieron con los sindicatos UGT y CC OO para trasladarles la gravedad de la situación y la intención de recurrir un convenio que la empresa cree que la hace «inviable». Estos dos sindicatos no aprobaron el convenio, que sólo contó con el respaldo del CSIF. En paralelo, la empresa se está asesorando externamente sobre la validez o no de ese convenio así como del margen legal para «dejarlo sin efecto».

Imelsa tiene la «urgencia» de desprenderse de ese grupo de 30 «zombis», pero sus posibilidades son muy limitadas. El convenio, en su artículo 14, establece una «cláusula de blindaje»,explica un informe jurídico realizado por un despacho a petición de Imelsa.

Para cualquier despido por causa económica, técnica u organizativa, se establece una indemnización de 33 días por año sin límite alguno y una cuantía mínima de 3.000 años, independientemente de la antigüedad. Algo que choca con la legislación vigente, que marca 20 días por año trabajado con el límite de una anualidad.

Con todo, el problema es aún mayor en el caso de los trabajadores «zombis». A estos, la empresa les aplicaría el despido «disciplinario» para evitar gastarse un millón de euros en indemnizaciones, que sería el coste de despedirlos con 33 días, tal como ya contó Levante-EMV.

Pero el citado artículo 14 del nuevo convenio señala que en caso de este tipo de despido al trabajador se le aplicará «la misma legislación que a los representantes de los trabajadores», es decir, que los «falsos asesores» están blindados como si fueran miembros de comité de empresa.

En la práctica, Imelsa tendría que iniciar un complejo proceso de «expediente contradictorio» para tramitar el despido, un escenario que se alarga en el tiempo frente a la «urgencia» de la empresa. Si no cumple esas garantías formales (dar audiencia al trabajador, sindicatos, etc.), el despido sería «improcedente», según la jurisprudencia. Y si se declara improcedente, el empleado en cuestión puede elegir entre indemnización o readmisión. Si opta por esta última, debería recibir además los salarios de tramitación. En definitiva, «todas las extinciones pueden finalizar con la opción [de la readmisión] para el trabajador», advierte el documento elaborado para Imelsa.

Ante este complejo escenario para la empresa pública, la empresa está optando por buscar la forma de cambiar el marco laboral para poder redimensionar la plantilla.

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