El Consell trasladó ayer a la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT su compromiso de contar con los sindicatos en el proceso de elaboración del plan para evaluar, reestructurar e implantar los servicios sociales, así como competencias sanitarias y educativas que serán transferidas desde los ayuntamientos a la Generalitat, en virtud de la nueva ley de Régimen Local. La vicepresidenta Mònica Oltra anunció tras el pleno del Consell del pasado viernes la aprobación de un decreto por el que de momento la Administración autonómica renuncia a asumir la gestión de estas materias y las devuelve a los ayuntamientos de forma que no pierdan esas áreas de gestión el próximo 1 de enero cuando entre en vigor la nueva ley estatal.
El Gobierno valenciano entiende que especialmente en servicios sociales son los municipios los que ejercen una labor de intervención clave, al estar a pie de obra de los problemas de los ciudadanos. La nueva norma aprobada por el PP supondría, explicó Mònica Oltra, el desmantelamiento en la práctica de la red de servicios sociales.
El sindicato FSP-UGT considera que con la medida adoptada provisionalmente vienen a protegerse unos 5.000 puestos de trabajo en estos servicios públicos locales afectados por «una gran inseguridad jurídica en los profesionales de los sectores afectados y en la propia ciudadanía». Eran empleos que «estaban en riesgo» y ahora «han sido salvados», según indicaron en un comunicado los responsables de FSP-UGT Luis Lozano y Mayte Montaner.
El decreto ley, publicado ayer, «ha resuelto de manera temporal la situación caótica generada al tener que asumir la Generalitat las competencias atribuidas a las entidades locales en servicios sociales, educación y sanidad», indicaron desde el sindicato. El decreto prorroga la prestación de los servicios por los municipios hasta que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómico y de Haciendas Locales, momento en que la Generalitat asumirá estas competencias.
