En el sector público valenciano hay trabajadores de segunda, de primera y de especial. Se ha podido comprobar con los ERE ejecutados por el Consell de Alberto Fabra, que se saldaron con el despido de unos 3.700 empleados laborales (no funcionarios) en empresas como Cacsa o Vaersa, 1.600 de ellos en RTVV. Cada cual, con circunstancias, condiciones e indemnización diferentes. En la empresa provincial Imelsa „el buque insignia de la diputación„ el PP, lejos de optar por el adelgazamiento, nunca dejó de engordarla con contrataciones realizadas a menudo a dedo. Justo antes de las elecciones y en previsión de un hipotético vuelco electoral que finalmente se produjo, optó por blindar la plantilla con un convenio colectivo que, de hecho, bloquea cualquier posibilidad de que los nuevos gestores acometan una reestructuración que pasaría, apuntan desde el gobierno de izquierdas, por prescindir de los colocados a dedo. El pesebre está, en la práctica, blindado, lo mismo que el puesto de aquellos que accedieron superando pruebas de selección regladas.
El convenio fue firmado por el exgerente de Imelsa Rafael Soler y el sindicato CSI·F „mayoritario en el comité de empresa„ el 30 de abril, una semana antes de que arrancara la campaña y a tres de las elecciones. El acuerdo laboral tiene una vigencia de cinco años (con efectos del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de 2019), con lo que sobrevivirá incluso a la duración de la legislatura. Una duración absolutamente inusual. El anterior duró dos años. El exgerente Marcos Benavent, instigador del caso Rus en los tribunales al grabar más de diez horas de conversaciones sobre supuestas mordidas en adjudicaciones de instituciones del PP, llegó a emplazar al comité a iniciar conversaciones a partir de junio, según fuentes conocedoras de la negociación. Pero Soler adelantó los plazos, a instancias de la cúpula del gobierno de Alfonso Rus.
El acuerdo se remitió a la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para que lo validaran. Se formularon dos objeciones. No haber pasado por el consejo de administración de Imelsa „tampoco por junta general„ y no contar con el preceptivo informe del interventor de la diputación sobre la existencia de fondos. Finalmente, la conselleria, en pleno traspaso de poderes, informó favorablemente. El convenio entró en vigor cuando el pasado 7 de agosto fue publicado en el BOP a instancias del secretario de la diputación, Vicente Boquera. El acuerdo es especialmente ventajoso para el personal de Imelsa „utilizado por el PP como agencia de colocación„ en lo que respecta a los despidos. Se establece una indemnización de «33 días por año trabajado sin limitación alguna y en cuantía mínima de 3.000 euros independientemente de la antigüedad que tenga el trabajador afectado». Los 20 días fijados en la reforma laboral y el tope de 24 meses queda suprimido, además de contemplar esa compensación mínima, cuya importancia no es menor si se considera que hubo fichajes de ultimísima hora.
Ese mismo artículo 14 del convenio prevé, además, que en caso de producirse «cualquier despido disciplinario al trabajador se le aplicará en esta materia la misma legislación que a los representantes de los trabajadores».
«Las condiciones pactadas son inauditas, no hay precedentes»
«Que se equipare a un trabajador al que se despide por motivos disciplinarios, y lo lógico es que se trate de un despido procedente y razonado, con un miembro del comité de empresa para protegerle es algo inaudito y difícilmente tendrá precedentes en el mundo occidental». Así de tajante se mostró ayer, en declaraciones a este diario, un miembro del nuevo equipo de gobierno de la diputación, que preside el socialista Jorge Rodríguez y que incluye a Compromís, EU y València en Comú. Socialistas y valencianistas llevan las riendas de la empresa pública que constituye una especie de diputación paralela.
